El viernes, la Superintendencia de Electricidad llevó adelante la audiencia pública para la presentación de los lineamientos técnicos y tarifarios para la carga de vehículos eléctricos. 

Se trata de dos normativas interrelacionadas: una relativa a las tarifas y otra referida al uso de cargadores tanto a nivel residencial como en la vía pública.

En relación al segundo punto, se busca establecer precios preferenciales en el horario de 00 h a 7 h. Esta tarifa se sumará al costo fijo de 13,9 RDS/kWh. 

Dentro de la franja horaria mencionada, se cobrará un monto de 9,02 RD$/kWh (EDEsur), 9,79 RD$/kHh (EDEnorte) y 9,54 RD$/kWh (EDEeste). En relación a las cargas realizadas fuera de ese horario, esta tarifa representa la mitad.

Desde la SIE se calcula que, sobre la base de un recorrido de 900 kms mensuales, el costo de la energía para los vehículos eléctricos alcanza los 1531,74 RD$. Si la carga se establece por fuera del horario preferencial, el monto alcanzaría los 3008,32 RD$.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben solicitar la instalación de un medidor en las residencias. En torno a ello, surgen polémicas en torno a la pertinencia de la medida. 

“Van a poner un medidor donde ya existe uno. Eso significa una redundancia tonta. No beneficia al usuario. Si hablamos del cuidado al medio ambiente, no tiene sentido utilizar dos dispositivos para una sola residencia”, asegura a Portal Movilidad,  Alejandro Contin, integrante de la Asociación Dominicana de Técnicos en Movilidad Eléctrica (ASOTEMOVE).

Y agrega: “No tienes que ser científico de la NASA para detectar el aumento de consumo eléctrico. Los medidores que tenemos actualmente tienen medición, tienen que hacer una estadística y un patrón de consumo para evitar colocar dos medidores”.

El ingeniero eléctrico sostuvo fuertes críticas durante la audiencia, y, si bien admite que la normativa es un avance, recalca que es necesario ubicar los puntos que, a su punto de vista, no son beneficiosos.

Por otro lado, asegura que desde ASOTEMOVE deben reunirse para definir acciones frente a la disconformidad.

Al respecto de la carga en vía pública, desde la SIE se establecen parámetros técnicos. Entre ellos, criterios de seguridad que determinan la necesidad de dos certificaciones para poder ofrecer el servicio de carga: una para el dispositivo y otra para la empresa y el agente que instale el cargador.

En esta modalidad de carga, también se aplicará la tarifa diferencial, aunque sólo se cobrará la potencia y los gestores de carga podrán cobrar el precio que consideren en el marco de la competencia. 

Por su parte Carlos Lantigua, de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO), también estuvo presente en la audiencia y, en conversación con Portal Movilidad, opinó sobre la nueva normativa. 

“Es un reglamento que se estaba esperando mucho. Tenía parada la inversión extranjera y muchos proyectos. Con el reglamento comienza a despejarse el camino”, afirma Lantigua.

A su vez, destaca positivamente uno de los cambios en la normativa respecto del último borrador presentado. El mismo tiene que ver con que, en vez de cobrarse la potencia, se cobrará la energía incluyendo este factor en la tarifa.

Al respecto de las certificaciones técnicas, desde ASOMOEDO se considera que, si bien implica un camino burocrático, resuelve situaciones de seguridad para los usuarios.

Al igual que Contin, la asociación también plantea dificultades a resolver en relación a la norma. 

“Un punto de preocupación es que el reglamento plantea un medidor extra. Las distribuidoras tienen tiempos muy largos para proveer medidores. Pueden pasar meses hasta que se coloquen”, asegura Lantigua.

Y agrega: “Otro punto que no queda claro en la normativa es la regulación para la parte industrial. Hay unidades excepcionales que se van a convertir en un cliente que no está específicamente regulado. Habría que ver si se sujeta a la regulación o no».

«¿Qué va a pasar con los comerciales que tienen instalados puntos de carga? ¿Cuentan como públicos o como residenciales?”, destaca. 

Otro punto, se vincula con la no especificación de la norma con respecto a las motocicletas eléctricas debido a su diferencia en la forma de carga. 

“También valdría la pena aclararlo porque es una forma de movilidad en emergencia”, asegura el asociado al respecto. 

En general, Carlos Lantigua valora a la normativa como un paso positivo que puede hacer inclinar a la población hacia la electromovilidad.

El último borrador aún espera ser publicado tras su tránsito por las distintas dependencias estatales y, luego, habrá un plazo para que las distribuidoras se adecúen.

Desde ASOMOEDO calculan que comenzará a regir en seis meses.