La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) creó una herramienta que le permite a los tomadores de decisiones de las entidades públicas, que no son expertos ni en vehículos ni energía, avanzar con la transición a carros eléctricos.

Es interactiva y las oficinas del Estado deben cargar los detalles de su flota con la cantidad de vehículos, marcas, modelos, kilometrajes y pasajeros. En tanto a las restricciones, en primer término, se evalúa el presupuesto disponible. Además, hay que señalar si el objetivo es reducción de costos o también cumplir con el estándar de emisiones.

Al final arroja una sugerencia de modelo y tecnología adaptado al parámetro de costos pero que también respete el rendimiento necesario.

“Invitamos a los fabricantes y oferentes de vehículos eléctricos que se sumen a estas iniciativas. Las entidades públicas se ven limitadas por la falta de modelos disponibles en la tienda virtual del Estado”, asegura Lina Escobar, subdirectora de la UPME, a Portal Movilidad.

Si bien es posible que realicen la compra de unidades que no estén cargadas en la tienda, no es la preferencia ni bien visto por los organismos de control.

La herramienta propuesta por la UPME ya se ha usado en varias entidades y gracias a ese piloto se pudo ajustar la metodología.

No obstante, por las consecuencias de la pandemia, el Gobierno nacional estableció un lineamiento de austeridad fiscal por ende no se han asumido estos gastos para recambio de flota.

Finalmente, la herramienta estaría disponible hacia abril a través de la web para uso de las entidades con las nuevas vigencias fiscales.

La puesta en marcha inició con 12 organismos interesados. Dos entidades alcanzaron a incorporar unidades, una vehículos híbridos y la otra eléctricos. Ya se están realizando las mediciones para conocer los ahorros económicos y reducción de emisiones.

La compra se realiza a través de una plataforma del Estado gestionado por Colombia compra eficiente dentro del acuerdo marco de precios, por ende, los procesos y tiempos son diferentes. Sin embargo, en promedio se ha demorado siete meses.

“Sin lugar a dudas las inquietudes rondan en torno al punto de recarga y al mantenimiento y servicio técnico de los vehículos”, sostiene Escobar.

La infraestructura de carga no está contemplada en el análisis que provee la herramienta ya que las condiciones y terrenos son muy variables de una entidad a otra.

En ese sentido, explica: “Daría una señal negativa que los costos no coincidan con la realidad”.

Por otro lado, la UPME también trabaja en una estrategia para la incorporación vehículos cero emisiones en taxis y unidades livianas.

El año pasado se realizó un estudio con el fin de identificar cómo podría ser la metodología para el ascenso tecnológico en taxis puntualmente.

Los resultados arrojados se están analizando para realizar una propuesta a las entidades territoriales interesadas.

Esta podría ser pública hacia junio, mientras que los datos recolectados por el estudio en el transcurso de este mes.