En principio, para poder evaluar el porqué se incumplirá el objetivo que marcó el Gobierno central por un Real Decreto 29/2021. Este explica:

Los aparcamientos de edificios que no sean de uso residencial privado así como los parkings públicos deberán instalar una serie de puntos de carga eléctrica antes del 1 de enero de 2023.

En concreto, la nueva ley señala que deberán acogerse a esta obligación todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito. 

También deberán aplicar la norma los estacionamientos públicos de más de veinte plazas que no estén adscritos a ningún edificio.

Los cargadores deberán ser proporcionales al número de plazas de que disponga el aparcamiento. Así, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, hasta 1.000 plazas, y una por cada 100 plazas adicionales. 

En los edificios que sean titularidad estatal, se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, hasta 500 plazas, y una por cada 100 plazas adicionales.

Sabido esto, ahora se puede evaluar el porqué no se cumplirá el objetivo. “Hay empresas que no saben sobre la existencia del Real Decreto ni que deben aplicar cierta cantidad de puntos de recarga”, comentó Elis Álvarez González, CEO de Smart Wallboxes a Portal Movilidad España.

En ocasiones, según relata la propia experiencia de Álvarez, empresas que poseen más de 200 plazas piden una cantidad mínima de cargadores. Frente a esto, el CEO explica que se deben instalar más de los solicitados.

Ante esta situación -donde quedan apenas tres días para cumplir con este plazo impuesto por el Gobierno central y menos de la mitad de las empresas llevan cumplido el objetivo-, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, expresó que se dejará un margen.

“Creo que a finales de año va a haber un boom bastante grande. Luego, a partir de enero habrá mucha gente que, obviamente, no se habrá adaptado y que va a tener que hacerlo”, sentencia Álvarez.

La adopción de infraestructura para recarga de parte de las empresas que poseen parkings comienza porque el jefe se compró un coche eléctrico y que tiene que tener dónde cargarlo.

Pero a ello se le suma lo que expresó a este medio, Miguel Torres Gil, Technical Area Manager en Saba Group: “Existieron ciudades que han tenido una gran demanda y eso nos fue de gran ayuda, pero en otras ha sido casi nula. Lo hemos intentado, sin embargo hay muy poca homogeneidad”, comenta.

En ciudades como Barcelona, Madrid, Alicante, entre otras, Saba pudo hasta superar lo solicitado por el Real Decreto y actualmente se encuentra realizando más proyectos en esta materia.

Pero, en cuanto al resto de las ciudades, que son más pequeñas o que los vehículos eléctricos que circulan son los menos, fue difícil de llevar a cabo.

El dato que presenta Torres es que Saba ha cumplido con el 60% de su objetivo, superior al de otros competidores. El restante 40% se debe a la causa mencionada anteriormente.

“Nosotros empezamos mucho antes de que la norma lo exigiera (2018), pero es verdad que nos implantamos en función de la demanda”, afirma el Technical Area Manager.

En las ubicaciones en donde Saba tiene instalados puntos de recarga suceden dos situaciones opuestas: tiene cargadores que han sido demandados por más de siete horas y, sin embargo, en otros lugares no han sido utilizados.

Pero, además del inconveniente territorial existe una “duda” que instaura el mismo Real Decreto: no existen mecanismos de regulación e, incluso, sancionadores.

“No sabemos qué va a pasar cuando haya operadores que no cumplan. Porque habrá una exigencia normativa y, de momento, no sabemos ni siquiera quién es el agente que va a hacer el control de este incumplimiento”, comenta Torres.