En España la configuración competencial vigente suele generar dolores de cabeza para los operadores de transporte y movilidad. Sin embargo, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana lo defiende sin dudarlo.

Es así que, Jaime Alberto Moreno García-Cano, director general de Transporte Terrestre, sostiene: “A veces este sistema no simplifica determinadas actuaciones en todo el territorio, pero la realidad es que cada Comunidad Autónoma tiene su nivel de decisión y eso hay que respetarlo”.

La nueva ley de movilidad sostenible que se está trabajando actualmente ha dado de que hablar al respecto, debido a que diversos actores han solicitado que se emitan lineamientos “mucho más fuertes”.

Esto pudo verse relacionado en temas ligados a la implantación de las zonas de bajas emisiones, las cuales irán variando ciertos aspectos dependiendo de lo que decida cada Administración.

“Cada ciudad tiene sus propias peculiaridades y nos parece bien que las personas que viven allí tengan poder de decisión”, destaca el funcionario en el marco del Global Mobility Call.

Los pedidos y alegaciones que dejen por fuera las decisiones autonómicas podrían no ser incluidas en el nuevo texto que se está trabajando, pero muchas otras ya están siendo analizadas.

Tal como lo confirmó MITMA en diálogo exclusivo a Portal Movilidad España recientemente, se han recibido más de 200 aportaciones, las cuales ya se encuentran en etapa de revisión.

La Secretaria General de Transportes del organismo del Estado, María José Rallo comenta: “Todas las alegaciones están bien trabajadas y aportan mucho contenido. Algunas de ellas estamos analizando incorporarlas, mientras que otras simplemente lo que pretenden es llevar a una ley cuestiones que son operativas y que no pueden estar en el marco de la regulación”.

Los comentarios enviados por parte de entidades relacionadas con el carsharing y a la movilidad compartida son algunos de los más destacados por parte del Ministerio.

Asimismo, el colectivo de promoción de la bicicleta ha enviado muchas observaciones, de las cuales “la gran mayoría son perfectamente introducibles dentro de la ley”.

En este sentido, Jaime Moreno asegura que la ley “va a permitir ir probando y dar previsibilidad a aquellos negocios a los que tiene sentido aplicar, y demostrará cuáles no”.

Otro de los aspectos comentados tiene que ver con la financiación, la cual no pasada desapercibida para el MITMA. 

“Este es un factor muy importante para las Administraciones ya que quieren tener claro el escenario de financiación de unos servicios que cada vez son más importantes para la sociedad”, precisan desde la entidad.

Cabe recordar que el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible fue presentado ante el Consejo de Ministros para su toma en consideración de primera lectura el pasado primero de marzo de la mano de la ministra Raquel Sánchez Jiménez.

Tras varios retrasos para su presentación, ocurrió finalmente y ya está en camino a su aprobación. 

“Este el resultado de un largo y provechoso proceso de consultas en la que han participado distintas administraciones, sectores profesionales, organizaciones económicas y académicas y la ciudadanía en general”, explicó en aquel momento la representante del ministerio.