El pasado miércoles el juez Franklin Altamirano Sánchez rechazó la acción de protección interpuesta por un grupo de representantes de operadoras de transporte público, por supuesta vulneración de derechos constitucionales en el Concurso de Asignación de Rutas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

«No se ha demostrado documentadamente dentro de la presente acción la vulneración de derechos constitucionales ni se evidencia vulneración alguna», dictaminó la autoridad tras diez horas de juicio. En consecuencia, el concurso, que incluye buses eléctricos entre sus requisitos y cerró su primera etapa con incertidumbre en el sector, proseguirá hacia la segunda ronda. 

Cabe recordar que la licitación impulsada por el Municipio de la capital ecuatoriana se vio cuestionada desde un comienzo por un grupo de transportistas que alegaba su inconstitucionalidad. 

El mismo objetó en un documento enviado a la Secretaría de Movilidad que el pliego del concurso “carece de claridad y objetividad”, justificado en base a una serie de detalladas aclaraciones de supuestas incongruencias en cuanto plazos, respuestas y condiciones por parte de las autoridades. 

Con la ausencia de estas empresas, el concurso no pudo ser completado y una serie de rutas quedaron vacantes, por lo que se volverá a realizar una segunda vuelta. Para la misma, podrán participar todos aquellos ofertantes que deseen hacerlo. 

Por su parte, desde la Secretaría tienen muchas expectativas en relación a la segunda parte de la licitación, que aún no tiene confirmada fecha, y afirman que probablemente la parte de la oferta correspondiente a la incorporación de buses eléctricos será el diferencial que permita seleccionar a los ganadores. 

El conflicto entre transportistas, los buses eléctricos y el Municipio

La incorporación de buses eléctricos a las flotas había sido un tema complejo para las operadoras, que alegan que no es posible para ellos realizar una inversión de tal magnitud sin un respaldo financiero seguro. Sucede que para participar de la licitación es necesario que al menos un 10% de la flota total sea cero emisiones.  

Al mismo tiempo, desde la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, tras un análisis del proceso, se recomendó considerar “desierto el concurso público para la Asignación de Rutas, ya que, de continuar con el mismo, podría conllevar a un procedimiento fallido en la fase de ejecución, además de generar un posible llamado de atención por parte de los órganos de control”. 

Por el lado de la Secretaría de Movilidad, se continuó adelante con el proceso. Para esto, en contraste con lo dicho por Quito Honesto, tuvo el aval de la Veeduría Ciudadana, el Observatorio de Movilidad y la Comisión de Movilidad de la Asamblea de Quito. 

En síntesis, este equipo, aseguró que las acciones realizadas por la Secretaría fueron realizadas con “transparencia” durante los distintos momentos del proceso y tan solo le hizo tres sugerencias para su accionar futuro. 

Con este conflicto resuelto, resta ver cómo seguirá organizada la dirigencia para seguir adelante con el proceso, teniendo en cuenta la reciente ratificación de la destitución del alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, hecho que para muchos puede poner en jaque algunos puntos de continuidad.