Frente a un contexto internacional cada vez más exigente en cuanto a las limitaciones a los motores a combustión y la emisión de gases de efecto invernadero, España ha comenzado a jugar sus cartas para responder de manera acertada a esta realidad.

Es así, que en las últimas semanas representantes del Gobierno han resaltado el potencial local para enfrentar esta transición.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha planteado recientemente: “Pese a la coyuntura hemos seguido apostando por la estructuras en los reales decretos ley, apostando por una agilización en la tramitación de proyectos de energías renovables y apoyando también el fomento de la movilidad eléctrica”. 

No solo ello, sino que también se alineó con la Administración central y aseguró: “España puede ser líder y pionero en todos y cada uno de estos aspectos”.

Ella no fue la única. El mismísimo presidente Pedro Sánchez apuntó recientemente: “Casi ningún otro país podrá llevar a cabo un despliegue del vehículo eléctrico tan integral cómo el nuestro».

Las declaraciones fueron dadas junto a una serie de promesas que poco a poco se van cumpliendo, mientras que otras se van sumando a la lista de pendientes del Gobierno.

Una de las principales acciones que está por volverse realidad es la inyección de los fondos sobre la industria automotriz provenientes del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).

Los 2.975 millones de euros dispuestos para este sector generarán el impulso que se necesita para continuar siendo uno de los actores europeos claves en la fabricación de coches.

Pese a eso, el sector teme que un porcentaje de esos fondos se pierdan por culpa de la burocracia española.

Representantes de la industria han planteado que son muchos los obstáculos que ha puesto el Ejecutivo para acceder a las subvenciones, como el cumplimiento de los distintos bloques o las exigencias de garantías para cubrir los importes.

Pese a esto, todavía se espera que cierren las convocatorias y se avance sobre la ejecución de las iniciativas.

El marco regulatorio

Por otra parte, la apuesta por la emisión de normativa específica para acompañar el avance de la electromovilidad es otra de las claves en las que se apoyan para avanzar sobre esta transición.

Tal como lo mencionaba secretaria de Estado de Energía, desde el año pasado se han emitido una serie de normativas que han servido no solo de impulso, sino que también cómo de hoja de ruta para dirigir el proceso en el que el sector hoy está inmerso.

Este proceso tiene una fecha clave: el 20 de mayo del 2021 y la entrada en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual estípula la instalación de puntos de recarga en estaciones de servicio.

Esta medida alcanza a todas aquellas que hayan superado unas ventas agregadas de más de 10 millones de litros anuales de gasóleos y gasolinas, según datos de facturación de 2019.

El Real Decreto-ley 29/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, fue otro de los hitos que genero movimiento.

Y esto continua, con el último decreto: el 184/2022, publicado el 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

Esta tareas no están del todo cumplidas, ya que el centro de la estrategia para avanzar sobre una movilidad más sostenible está en juego sobre el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible.

El documento muestra una potencial interesante, pero lo importante es que el mismo llegue a ser aprobado antes de las elecciones previstas para el próximo año y que responda de la manera más favorable a todas las aportaciones presentadas por los diferentes actores afectados por la normativa.

Planes de ayudas

El Plan Moves III puede ubicarse como uno de los caballitos de batallas del Gobierno español al hablar del coche eléctrico.

El mismo ha servido no solo para propulsar la penetración de este tipo de segmentos, sino que para motivar a la instalación de puntos de recarga.

Pese a esto, los tramites y la burocracia juegan en contra a todos los beneficios que pueden registrarse.

La lentitud en el pago de las ayudas y los largos papales han demostrado y generado un descontento común en los usuarios. A su vez, el retraso en la presentación de las solicitudes para renovar los fondos disponibles en las Comunidades Autónomas ha dado de que hablar a inicios de este 2021.

Por ello, la apuesta por parte de tanto instaladores de infraestructura de recarga, como concesionarios y conductores de vehículos eléctricos está en que de alguna manera se repiensen los sistemas de subvenciones.

Infraestructura de recarga 

La infraestructura de recarga es el factor clave que muchas veces tracción el resultado de una estrategia de movilidad sostenible.

Es por ello que el ejecutivo se ha puesto el compromiso de emitir un mapa localizando el estado y la ubicación de todos los enchufes disponibles a lo largo y lo ancho del país.

La expectativa sobre esta publicación es alta, ya que se prevé que la misma develará los problemas de desigualdad en cuanto a la distribución de los puntos.

Pero la promesa estaba en que en mayo estaría listo y no fue así. Ahora se espera que antes del verano se lo emita, pero una vez más la estrategia para impulsar la electromovilidad se retrasa.