Fernando Castillo, Presidente de la Asociación Gremial E-Trant y Gerente de la línea de taxibuses 121, asegura que el electrocorredor anunciado a mitad de junio por el Gobierno los impacta en forma muy negativa a los operadores de TransAntofagasta por varias razones.

En primera instancia, indicó que como producto de la pandemia este sistema de transporte público se vio disminuido tanto en la parte de pasajeros como en la económica. Como consecuencia, los conductores comenzaron a emigrar hacia las mineras de la zona.

“Que se instale una nueva línea va a generar mayores problemas para que nosotros podamos operar dado que ellos van a abastecerse de conductores sacando los nuestros”, aventuró.

En segunda instancia, entiende que el paso del electrocorredor va a perturbar el recorrido de todas las líneas del TransAntofagasta en mayor o menor grado siendo de las más perjudicadas  la 121 y/o la 119.

“En definitiva nos vamos a disputar los conductores primero que nada y posteriormente los pasajeros”, fueron las palabras del representante gremial.

“Estamos muy de acuerdo con la tecnología del bus eléctrico y el estándar RED que están implementando, pero teníamos la esperanza de que lo hagan con nosotros”, remarcó Castillo a Portal Movilidad al tiempo que afirma que están dispuestos a ir migrando sus buses paulatinamente en el tiempo hacia eléctricos.

En total, la ciudad cuenta con un servicio compuesto por 770 buses y desde TransAntofagasta entienden que no existe la necesidad de incrementar este parque.

También, Fernando Castillo comenta que el plazo del proceso que exige presentar las ofertas en 30 días hábiles no es tiempo suficiente para que empresas de las características de los operadores actuales puedan negociar y elaborar una oferta económica seria con los requisitos que exige la licitación. En tanto admite que las bases se amoldan para que empresas de gran envergadura inviertan y adquieran el conocimiento de cómo operar la electromovilidad en el transporte público en regiones.

Por otra parte, cabe remarcar que algunos de los operadores hace pocos meses firmaron el contrato de perímetro de exclusión con el Estado que tiene considerado una demanda de pasajeros y algunos subsidios que forman el equilibrio que requiere esta figura jurídica. En este sentido, estiman que la nueva línea puede modificar el funcionamiento de estas condiciones y generaría un incumplimiento en cuanto al contrato.

“Tenemos solicitada una reunión con la Ministra de Transportes o con el Jefe de Gabinete a través de la ley del lobby, estamos gestionando algunas medidas legales que podamos hacer al respecto con abogados y con las otras ciudades que están en las mismas condiciones”, concluyó Castillo.