El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial que apuesta por el crecimiento sostenible mediante estudios, divulgación y colaboraciones con el sector público y desde su observatorio revisan y estudian cuáles son algunas de las principales barreras en la implantación de movilidad descarbonizada y eléctrica.

“Las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos aún son el gran reto: sigue habiendo un miedo por parte de los usuarios”, explica Elena Galante Marcos, Directora del Observatorio de Movilidad Sostenible, a Portal Movilidad.

Esta observación fue también señalada en otros estudios recientes, como el Barómetro de la ANFAC para el primer trimestre del año, el cual calificó de “nulo” el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público en los últimos meses.

En ese sentido, España hoy cuenta con 8.545 puntos de recarga, una cifra que lo posiciona por debajo de la media del continente. Adicionalmente, más del 90% de la infraestructura pública tiene potencias inferiores o iguales a 22 kW.

Esto lleva a que este tipo de transporte siga relegado a ser el segundo coche familiar, para traslado urbano y cotidiano, pero no logra asumir el rol de ser el medio primario.

“La gente no quiere estar pendiente de recargar”, puntualiza Galante Marcos.

Por esa razón, la experta considera que los ayuntamientos, a través de ordenanzas, pueden jugar un rol clave al dar soluciones a estos problemas.

Este es el caso de Madrid, donde los edificios nuevos deben contar con un punto de recarga por cada plaza de estacionamiento. En el caso de los remodelados, la obligación es al 50% de puntos por cada plaza, y en comerciales y administración pública, un 25%.

“Es un ejemplo de una medida concreta que favorece a la movilidad limpia”, define la experta.

Asimismo, las barreras económicas en el acceso a estas soluciones siguen siendo prohibitivas para muchos usuarios, a pesar del despliegue de ayudas en accesibilidad por parte del Gobierno y el trabajo de las automotrices por reducir estas brechas.

Por otra parte, Galante Marcos remarca que otros vehículos sostenibles basados en energía limpia, como los de hidrógeno, no están recibiendo la misma atención que los eléctricos.

Una buena parte de la responsabilidad de cómo gestionar estas nuevas movilidades recae en los Ayuntamientos, los cuales deben apoyar al sector del transporte.

Es el caso principalmente del e-commerce, en alza desde la pandemia, donde la última milla todavía requiere normativas y financiamiento para “poder dar ese gran paso con sus flotas”.

El gran problema de la interoperabilidad

Desde el Observatorio remarcan que la necesidad de trabajar en alianza es fundamental para poder ofrecer una variedad de propuestas de movilidad sostenible al usuario.

“El gran reto es la interoperabilidad de los sistemas: hay ciudades muy bien conectadas internamente pero basta con el ir al pueblo de al lado para que esas soluciones dejen de ser compatibles”, califica la profesional.

Un ejemplo es el de Madrid, a la cabeza en uso de coches eléctricos y aplicaciones de movilidad, pero el usuario puede encontrarse con situaciones como el no poder estacionar un carro compartido por fuera de la ciudad, o que el sistema de pago difiera.

Para la experta, esto se debe a una imposibilidad aún no resuelta a la hora de poner a todos los actores de acuerdo, especialmente en dos puntos: medios de pago y usabilidad.

“Si vamos a tener una Ley Nacional de Movilidad y las Comunidades van a trabajar, esperamos que se haga en conjunto”, define.