La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) presentó una serie de alegaciones a la memoria elaborada por la Comisión de Estudio para el ejercicio de la actividad económica de instalación, gestión, explotación y mantenimiento integral de la red pública municipal de puntos de carga de la ciudad de Palma de Mallorca. 

Esto fue mediante la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA). La cual se encarga de la gestión del suelo público palmesano. Actualmente la mayoría de esa vía pública es explotada por operadores públicos de infraestructura de recarga.

Pero desde AEDIVE argumenta que: “La actividad de recarga de vehículos eléctricos debe disponer de un mecanismo que permita la libertad de derecho de uso de suelo público no sólo a empresas públicas, sino también a entidades privadas bajo un marco de libre competencia entre ambos sectores”.

Desde la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern Balear, Pep Malagrava, expresa: “Cada ayuntamiento debe hacerse cargo de este trabajo, y deberá tomar su decisión, y debe facilitar el acceso de los puntos de recarga”.

El Director General asume que muchos de los puntos de carga son de titularidad del Govern Balear pero que las empresas privadas “tienen que dar un paso adelante”.

En las Islas Baleares existen hoy aproximadamente unos 900 cargadores. Estos son instalados en gran parte por el gobierno de las islas. La gran parte de los cargadores instalados son de entre 7 kW y 22 kW. Hay menos cantidad de 50 kW en adelante.

Palma de Mallorca es una de las ciudades de las islas con mayor cantidad de suelo público donde se puede colocar puntos de recarga.

Es por eso que desde la asociación que engloba la cadena de la electromovilidad comenta: “La escasez de suelo privado con acceso público para vehículos y apto para la recarga pública por parte de operadores privados en zonas urbanas del municipio está limitando la posibilidad de despliegue de infraestructura de recarga”.

Esto es por parte de los operadores privados, por lo que peticionan que se pueda utilizar el suelo público, algo que ya cuenta con numerosos ejemplos en ciudades españolas donde se ha fomentado la libre competencia.

“Cada municipio debe hacer su trabajo. Es difícil porque esta es una transición importante y es lógico que existan estas tensiones. Creo que se debe solucionar de una forma sensata, y sé que va a solucionarse bien”, afirma Malagrava. 

Actualmente en Baleares las empresas privadas actúan en aparcamiento de índole privado, como supermercados, hospitales o parkings. Pero sí existen puntos de recarga de acceso público que son privados, según afirman desde el Govern, eso ronda el 30% de los enchufes instalados. 

“Hay que asumir que el suelo público tiene que ser de interés general, lo tenemos todos claro, no para lucrarse”, deja al paso el Director General de Energía y Cambio Climático.