Pese a que el año pasado Ecuador lanzó su Estrategia Nacional de Electromovilidad Ecuatoriana (ENEE), donde uno de los ejes principales es el desarrollo de infraestructura de carga, la realidad es que poco se ha avanzado en lo que respecta a puntos de recarga públicos y su respectiva normativa. 

“Aunque tengamos las leyes y los objetivos definidos, si no tenemos la normativa técnica y la infraestructura estaremos frente a una gran barrera. En eso estamos retrasados como país”, advierte Esteban Albornoz, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (ASECMOVEL).

Y agrega, durante el Especial Movilidad Eléctrica en Latinoamérica y el Caribe organizado por Portal Movilidad: “La normativa técnica de estándares y los programas de fin de ciclo y de infraestructura de carga son temas fundamentales que darán seguridad a los actores y a los ciudadanos para optar por la electromovilidad”.

Según Electromaps, el territorio cuenta con 92 conectores. La mayoría se encuentra distribuida entre Quito, Guayaquil y Cuenca y sus protocolos no siguen una misma regla. 

En ese sentido, Albornoz asegura que este segmento es una de las cuentas pendientes para avanzar con la transición, aunque ha visto esfuerzos por parte de las distribuidoras por fomentar este tipo de infraestructura. 

“La idea es que el sector privado sea el motor en el desarrollo de los puntos de recarga, pero en el Ecuador también debería complementarse con las empresas de distribución, las cuales son públicas”, señala.

Luego, agrega: “Si se logran hacer alianzas adecuadas entre el sector privado y estas empresas de distribución, que tiene normativas interesantes y no cuentan con toda la burocracia que suelen tener las instituciones públicas, puede llegar a darse una evolución”. 

De hecho, ya hubo casos de distribuidoras que han realizado consultorías para liderar la electromovilidad en su área de concesión. Algunas han implementado estos puntos de recarga, pero sigue siendo un proceso que avanza lento, según Albornoz. 

La Empresa Eléctrica de Quito, por ejemplo, desde 2020 ha trabajado en la implementación de electrolineras a lo largo del territorio, a través del Programa de Electromovilidad Sostenible. 

Su plan era alcanzar los 11 puntos de carga instalados y sumar 25 vehículos eléctricos a su flota. 

Los conectores son de carga rápida; cumplen con los estándares internacionales multimarca, de manera que todo vehículo pueda ser atendido; y sus componentes son de tecnología nacional.

Asimismo, al país todavía le resta, como a varios de la región, decidir una normativa técnica que le marque el camino a la expansión de la red.

En ese sentido, para Albornoz, la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS) y los actores que la componen podrían ser de ayuda. 

“Creo que debemos como asociaciones de carácter internacional buscar acercamiento e integración con las instituciones en las que todos los países son parte y sacar normas supranacionales para poder circular en vehículos de un país a otro sin ninguna dificultad”, cierra. 

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