Juan Carlos Botrán, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), conversa con Portal Movilidad sobre la realidad del sector y las repercusiones de la sanción de la nueva normativa de incentivos para el sector.

¿Cómo evalúa la sanción de la ley?

En Guatemela estamos muy contentos. Después de dos años el Congreso dio esa aprobación. Estamos contentos por ese paso. Se eliminan todos los cargos impositivos para la importación y algunos de operación de vehículos eléctricos.

Se incluyeron híbridos e híbridos enchufables. Todavía hay reglamentos que hay que desarrollar en relación a los puntos de carga. Vamos a trabajar con las autoridades en ese sentido.

¿Cómo cree que receptaron los distintos actores del sector la aprobación del Congreso?

Creo que aparte del incentivo que está en el abaratamiento de los vehículos, del costo y beneficio de lo compradores, hay otro muy importante. Es la señal que estas leyes dan a los fabricantes.

Hemos tenido reuniones con algunos fabricantes que nos han contactado y en el momento en que nos preguntaban sobre los incentivos fiscales, no había ni uno y allí terminaba la entrevista.

Es bien importante que las autoridades den esas señales al mercado. Justamente la limitante que existe en Guatemala es la oferta, conseguir inventario. Estos mensajes son súper importantes.

Con respecto a los puntos de carga, una de las herramientas regulatorias es la Ley General de Electricidad…

En Guatemala dicen los expertos que esa ley es bastante robusta, muy buena, muy competitiva. Sin embargo se sancionó hace más de 15 años y no se contempla la movilidad eléctrica. Los jugadores del sector están teniendo un poquito de conflicto en cómo lidiar con este nuevo elemento.

Algunos dicen que legalmente se puede vender carga eléctrica y otros que no. Vamos a entrar en este tire y encoje de ver cómo la ley va a entrar a batear en ese sentido. En la ley que se aprobó hace un par de días se incluye un punto sobre este tema. El ministerio de energía y minas trata de aclarar un poquito esa perspectiva.

¿Cree que es un punto que debe resolverse en el corto plazo?

En Guatemala la gran mayoría de las cargas son residenciales o en la oficina. Hay 22 puntos de carga públicos en la ciudad, son gratis y seguirán siendo gratis por un par de años. Tenemos tiempo para ir definiendo esas lagunas legales que hay con respecto a lo que es la venta de energía para carga o la unidad de carga de vehículos eléctricos.

Es decir que no existe una demanda urgente de puntos públicos por parte de los usuarios…

El punto público en Guatemala se utiliza como necesidad o urgencia. Con eso en mente estamos por empezar una pequeña campaña dirigida a generar una cultura de punto de carga. Si yo tengo 80% o 90% de carga no necesito ocupar ese espacio que alguien podría necesitar más.

Los ciudadanos tenemos que generar esa consciencia social y de comunidad. Si no lo hacemos ahora cuando sea masivo va a ser un desorden.

¿Hay otros temas pendientes para tratar con las autoridades?

El registro fiscal de vehículos. Hemos identificado cierta problemática ya que el registro fiscal que data de la década del ‘90 exige, por ejemplo, que uno, en el momento de importar vehículo, se tenga que registrar el número del motor. El registro está teniendo algunas trabas.

A su vez, hay que poner sobre la mesa la revisación técnica vehicular. En Guatemala no lo tenemos y si queremos tener un impacto en la descarbonización definitivamente tenemos que hacer algo con el parque vehicular que ya tenemos. De otra manera, de aquí a que los vehículos eléctricos empiecen a ayudar a la descarbonización puede pasar mucho tiempo.