Según la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) del país, una de las metas establecidas que no llegó a cumplirse en tiempo y forma es la “definición de los lineamientos y propuestas normativas necesarias para la desintegración de vehículos eléctricos y sus componentes”. 

En ese sentido, estaba pautado que, con plazo hasta finales de 2021, se establecería el segundo y tercer uso de las baterías, entre otros puntos. 

No obstante, el Ministerio de Ambiente, acompañado de la cartera de Energía, aún no se pronunció al respecto. 

¿Por qué es importante una normativa en este sentido? Andrea Alzate, CEO de Altero, la primera empresa colombiana para la transformación de baterías de litio-ión con una tecnología no convencional 100% verde, presenta su postura a Portal Movilidad. 

“El marco regulatorio es fundamental porque nos permite tener vías de acceso más fáciles a los residuos”, advierte.

Y agrega: “Para todos los objetivos que tenemos a nivel mundial y regional con la transición energética, también necesitamos marcos regulatorios que puedan asegurar que estas baterías sean adecuadamente dispuestas cuando termine su vida útil. Es un reto que tenemos a nivel ambiental”. 

Tras no haberse tomado cartas en el asunto durante la gestión de Iván Duque, con la nueva presidencia la responsabilidad recae principalmente en Susana Muhamad, la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, sucesora de Carlos Eduardo Correa.

El acelerado crecimiento de la electromovilidad en el país, uno de los líderes en la región en este segmento, apura una regulación considerando el cuantioso número de desechos que se avecinan en los próximos años. 

“En el diseño de nuestra tecnología y compañía tuvimos en cuenta este crecimiento. Nosotros hoy estamos trabajando full time con baterías de electrónica convencional, pero sabemos por las metas tan grandes que tiene Colombia en cuestión de movilidad eléctrica que en cuatro años vamos a tener bastantes residuos”. 

Por el momento, el reciclaje de las baterías de vehículos se enmarca bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, como sucede con el resto de los dispositivos de esta índole. 

En ese caso, el que importa o produce tiene la responsabilidad de reciclar la batería, con el compromiso del usuario de devolverla. 

“Esto genera un respiro para el usuario final. Sin embargo, también debe tener el nivel de consciencia que lo lleve a regresar el artefacto para su posterior reciclaje”. 

Y cierra: “Igualmente las empresas de vehículos tienen muy en cuenta esto de la responsabilidad extendida porque no les conviene que sus baterías estén generando daños ambientales en cualquier sitio”.