El Estado recauda más de 30.000 millones anuales por medio del sector del automóvil y el pago por el uso de las autovías.

Frente al pase al coche eléctrico se ha dado inicio a una gestión de reducción de los aranceles impositivos, lo que ha generado una serie de dudas dentro de los actores del sector.

“¿De dónde van a sacar el dinero de los tributos que están generando ahora mismo los vehículos a combustión?”, plantea Juan María Altuna, presidente de la Asociación de Transportistas de Navarra, TRADISNA.

Según asegura el nuevo representante de la patronal, hay opciones para enfrentar esta transición, pero “el secreto está en cuáles son realmente rentables a los ojos de la Administración”.

Según informes de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) cada conductor paga en España una media de 1.068 euros al año en impuestos relacionados con los vehículos. En este estimativo, se tienen en cuenta carburantes, circulación y matriculación, más el Valor Añadido (IVA).

Pese a ser un valor considerable, esta tasa se ubica como una de las más económicas, junto al caso de Grecia (1.264 euros) y Portugal (1.528 euros).

Mientras tanto, los más gravosos son Bélgica, con un gasto estimado de 3.187 euros de media, con Austria (2.678 euros) y Finlandia (2.523 euros), por detrás.

¿Cuáles son tributos vigentes? 

A nivel local, la compra de un automóvil a combustión requiere el pago del 21% de IVA, aunque en el caso de las personas con movilidad reducida este porcentaje baja al 4% siempre y cuando se trate de uno nuevo. 

Con los eléctricos se atraviesa por lo mismo, aunque diversas patronales y actores del sector de la automoción han presentado pedidos formales para que se lo retire.

En la única región que se ha alcanzado esta liberación es en Canarias, donde el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) es del 0% para los segmentos eléctricos, los híbridos y los impulsados por gas (en este último caso para transporte público y de profesionales).

Así, él “IVA canario” se posiciona cómo un modelo pionero en España y supone un impulso importante para introducir dichos vehículos de forma masiva en el mercado.

Asimismo, se encuentran los costes de matriculación. La ecuación que se aplica para abonar esta cuota viene dada por medio de la medición de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2) y va por tramos.

Desde el 1 de enero de 2022 se librarán los vehículos que expulsen hasta 120 g/km, mientras que los demás pagan de acuerdo con la siguiente guía: entre 121 y 160 g/km, 4,75%; entre 161 y 200 g/km, 9,75%; y los que superan esta cifra, 14,75%. 

Por otra parte, está el impuesto de circulación, el cual posee un carácter municipal y debe abonarse anualmente en función de la potencia fiscal del vehículo. 

Los automóviles con etiqueta eco y 0 de la DGT cuentan con bonificaciones, debido a que cada Ayuntamiento decide cuál será el porcentaje a abonar en cada caso, llegando a descuentos del 75% en los 100% eléctricos.

Ahora, en lo que respecta al repostaje y las inspecciones técnicas según lo requiera.

Las recargas de gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC) está gravada con un 21% de IVA y, además, con la tasa de hidrocarburos.

Esto está conformado por tres puntos: tributo Estatal general, Estatal Especial y Tramo Autonómico, que en total suman un 42% sobre el precio final.

Por lo que respecta a los motores electrificados, cada carga está gravada con el 21% de IVA más la contribución obligatoria sobre la Electricidad, que es del 5,1%.

Finalmente, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la cual todos los ejemplares deben someterse a partir del cuarto año de su primera matriculación, también lleva aparejado el pago de un monto específico. 

Del total de la factura, que varía en función de la categoría del automóvil y de la comunidad autónoma donde está ubicada la estación, hay que abonar un 21% en concepto de IVA. Además, la factura contempla el pago de una tasa a la DGT de 4,14 euros.

Hasta el momento se han generado cambios y se espera que siga sucediendo, ya sea restando o adaptando tarifas, pero según supone el representante de en su paso por Radio de Diario de Transporte, esto siempre estará ligado a “cuáles sean realmente rentables a los ojos de la Administración”.