El martes por la noche, la Secretaría de Movilidad de Quito dio a conocer a los elegidos de la primera de las dos rondas correspondientes a la licitación de buses realizada en la ciudad, que incluye en su pliego de condiciones la incorporación de unidades eléctricas en las flotas. 

A su vez, tras la polémica con los transportistas, la Veeduría Ciudadana realizó un análisis y presentó un informe con recomendaciones para la Secretaría a tener en cuenta para futuros concursos, dando aval a la ronda recientemente cerrada. En consecuencia, el órgano público continuará con sus planes y licitará nuevamente las rutas vacantes. 

La licitación constó de 16 paquetes de rutas para las cuales se presentaron ofertas para 10, desde seis oferentes. Sin embargo, de estos seis solo las ofertas de cuatro fueron aceptadas, dado que dos de ellas no contaban con los requisitos mínimos. 

En ese sentido, se asignaron los paquetes de la siguiente manera:

De esta manera, al menos el 10% de cada flota que transitará por estas rutas, a partir del año 2023, deberá ser eléctrico.

Por otro lado, el paquete 8 de Los Chillos, que posee 25 rutas, se suma a los seis que no fueron ofertados con los que pasará a una segunda ronda de licitación, luego de haberse considerado como parcialmente desierto el concurso. Estos últimos son: 

El papel de la Veeduría tras el conflicto entre transportistas y la Secretaría

Semanas atrás, un grupo mayoritario de operadores (más del 69% del total) elevaron un documento a la Secretaría de Movilidad de la capital ecuatoriana enumerando su disconformidad con las bases y los plazos de la licitación. 

De hecho, un punto fuertemente cuestionado estaba relacionado a la incorporación de unidades eléctricas a la flota, dado que alegaban que no era posible para ellos realizar una inversión de tal magnitud sin un respaldo financiero seguro. 

En consecuencia, el texto insistía en que la declaración jurada necesaria para presentar unidades cero emisiones mediante compromisos de compra venta “no considera las actuales situaciones de orden económico por el que atraviesa la economía nacional y mundial”. 

Por este motivo, “con la finalidad de unificar criterios”, la Veeduría Ciudadana, el Observatorio de Movilidad y la Comisión de Movilidad de la Asamblea de Quito que, en síntesis, asegura que las acciones realizadas por la Secretaría fueron realizadas con “transparencia” durante los distintos momentos del proceso. 

No obstante, sí presentaron tres recomendaciones a tener en cuenta para los futuros concursos: 

1- “Se otorgue mayor tiempo a los oferentes para presentar sus ofertas, por la dificultad que implica la presentación de documentos emitidos por instituciones públicas. Por lo que sugerimos otorgar un término no menor a 30 días a partir de la convocatoria hasta la presentación de las ofertas”.

2- “Se retroalimente y haga introspección de la experiencia transcurrida con la convocatoria actual, a fin de que esto se traduzca en una mejor organización y coordinación clara entre subcomisiones y la Comisión Técnica, para evitar errores en la revisión documental y evaluación de las ofertas”. 

3- “Se continúe actuando con transparencia en el proceso de asignación de rutas, prestando también las facilidades para que toda instancia de control y participación, como la misma Veeduría Ciudadana pueda continuar con su labor de contraloría social”.