Una de las empresas referentes en su país de origen está posicionándose como proveedor de infraestructura de carga pública en Argentina. Para eso está armando una red de cargadores gratuita y de acceso público con presencia en todas las provincias para alcanzar los 50 hacia 2022.

“Proyectamos estar en las capitales de cada una de las provincias y focalizar en Capital Federal y Gran Buenos Aires dando cobertura a todos los puntos cardinales en ubicaciones estratégicas”, adelanta Francisco Casella, e-mobility Marketing Manager de Scame Argentina, a Portal Movilidad.

Hoy ya cuenta con 10 puntos de carga operativos en provincia de Tucumán, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Los próximos serán en las ciudades de La Plata, Moreno, Burzaco y Mar del Plata.

La red de carga pública será en corriente alterna con cargadores de 7.4 kw y conectores tipo 2.

En este proceso se están realizando alianzas con establecimientos privados pero de acceso público, en su mayoría centros comerciales y distribuidores de materiales eléctricos, para garantizar la seguridad y el servicio.

En este sentido, Casella cuenta que están en búsqueda de alianzas de empresas argentinas que estén interesadas y tengan espacio a disposición para la instalación y recepción de los usuarios. El único requisito es contar con las condiciones de seguridad establecidas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

“La instalación de estos puntos de carga les ofrece a las marcas y lugares un valor agregado que en el país es escaso”, afirma.

Sede EPEC, Córdoba capital

Ya para carga rápida, vale recordar que a comienzos de mayo Scame adquirió el 85% de Magnum Cap Lda, una empresa portuguesa dedicada a la producción y distribución de sistemas de carga en corriente continua para el vehículo eléctrico.

Esto le permite a la firma apuntar al segmento de las estaciones de servicio. Al momento, los plazos anunciados se mantienen y en marzo del 2022 ya estarían a disposición de los clientes.

Bajo esas consideraciones, y entendiendo que en Argentina todavía está la discusión del huevo y la gallina entre la red pública y los vehículos eléctricos, y un parque vehicular que no supera las 200 unidades, desde Scame destacan el rol de las normativas municipales.

“En lo que refiere a las nuevas edificaciones, si tuviesen previsto la instalación de puntos de carga desde un comienzo el proceso se simplifica. Clientes nos han consultado por la instalación en sus estacionamientos, pero no tienen la infraestructura necesaria para la recepción del cargador”, indica Casella.

Por otro lado, pone foco en la necesidad de subsidiar la energía eléctrica destinada a la recarga de los autos.