En una entrevista, María José Rallo expone el siguiente caso hipotético.

«Una idea puede ser, si tienes que llevar un camión de aquí a Berlín, hacer una especie de conducción por relevos. El conductor de Murcia hace Murcia-Barcelona y vuelta y así duerme en su casa y tiene mejor calidad de vida que si le toca ir hasta Berlín. Y el de Barcelona coge y lo lleva a Montpellier, se vuelve y coge otro camión que venga de vuelta. Eso, hoy por hoy, o son todas las personas de la misma empresa, o es ilegal porque tiene que haber una vinculación entre el conductor y la carga que lleva», sostiene.

Ante esto, «puede haber un modelo de negocio de conducción por relevos sin que haya una vinculación, no tienen por qué ser trabajadores de la propia empresa, porque así hay más transversalidad entre los conductores y los camiones».

Esta idea, en el caso de ser aprobada por el sandbox, se pondría en marcha y se estudiaría si funciona o no.

Este es solo un ejemplo de las decenas de proyectos que pueden surgir. El Ejecutivo está comprometido a estudiarlas todas, «ver qué efectos tienen, si aportan valor social y que puedan tener un periodo de prueba de entre seis meses y dos años«.

Si después de ese periodo, esa prueba ha aportado un valor social de interés, es cuando se puede cambiar la normativa y de esa manera ya no solo se aplicaría en el sandbox, sino que afectaría de manera transversal a cualquiera que quiera entrar en un modelo parecido.

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Pero ese sandbox no parte de cero. El Gobierno ha tomado como referencia los planes que ya se estaban aplicando a nivel financiero.

«Primero tenemos el sistema financiero, en el que existe un sandbox financiero porque es verdad que también ese mundo está cambiando muy rápido», destaca Rallo. Un ejemplo de ellos es Bizum.