Las distribuidoras de energía eléctrica de República Dominicana tienen que ampliar sus circuitos y empezar a evaluar ampliar capacidad de transformación, ya que deben adaptarse rápidamente para suplir la demanda adicional que exige la movilidad eléctrica.

Así lo entiende Oscar San Martín, gerente general de InterEnergy Systems, quien adelantó que “se están realizando varias reuniones con todas las empresas distribuidoras para que se alineen en todos los parámetros”.

Según el superintendente de Electricidad, Rafael Velazco, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) entendían que como tienen el monopolio de la distribución, también tendrían el de las estafetas de los cargadores.

Sin embargo, están aprendiendo que el negocio no está en distribuir los cargadores, sino en vender la energía.

“La función más indicada para las EDE será ser el suministrador mayorista de todos los que quieran instalar cargadores y que cumplan con las reglas de juego”, destacó.

En cuanto a la tarifa, se deben definir tarifas horarias para los usuarios de vehículos eléctricos, para que cuando la energía sea más barata para las distribuidoras, ese costo se refleje en una baja para los consumidores.

Asimismo, las distribuidoras, teniendo tarifas horarias para los usuarios, pueden controlar aún más las demandas que tengan los vehículos eléctricos y tener un uso más eficiente de la energía eléctrica inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

En este contexto, las tarifas horarias permitirían que los usuarios de vehículos eléctricos carguen sus carros cuando haya menos demanda, lo cual abarataría los costos.

Apoyo del Estado

En un corto tiempo habrá muchos autobuses eléctricos moviéndose en las diferentes ciudades del país, debido a que el nuevo Gobierno apuesta a la electromovilidad.

Al respecto, Charles Sánchez, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de República Dominicana (Asomoedo), sostuvo el interés del Estado en invertir en la movilidad eléctrica motivará las ventas de vehículos eléctricos en el transporte público.

“Uno de los mayores desafíos es que el Estado se involucre en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica”, menciona.