Zaragoza y ayuntamientos de Tarragona declararon públicamente que no podrán alcanzar el objetivo de instaurar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para diciembre de 2023. La pregunta es por qué esto sucede y cómo un año antes se sabe que se incumplirá con la norma.

“Creo que la administración no ha tenido en cuenta los plazos de la administración”, es contundente Sergio Barreña Caloca, Socio Fundador de Ingartek.

¿Qué quiere decir con esto? Hacer un ZBE significa un reto estratégico, tecnológico, se cambian formas de moverse y se debe modificar la mentalidad de las personas. 

Pero esto no significa nada, aún. La verdad está puesta en esos cuatro ejes y una historia que comienza en la pandemia, cuando debía comenzar a proyectarse estos sitios donde habrá coches que no puedan ingresar, donde se restringirá el aparcamiento, donde habrá más sendas bici e infinidad de posibilidades.

Por la pandemia de Covid-19 se debieron retrasar los planes, y no hasta “ayer” que comenzó a hablarse de Zona de Bajas Emisiones, según retrata Barreña a Portal Movilidad España.

Lo que comenta el especialista en movilidad y planificación urbana es que antes de las ZBE existían planes de movilidad o áreas de preferencias no motorizadas o peatonalizadas. 

Añade a esto, Enrique de Diego Álvarez, Director en Movytrans: “Las ciudades tenían planes en movilidad que datan de hace 10 o 12 años y no se modifican de la noche a la mañana”.

“No es como en el caso de Madrid o Barcelona que debieron trabajar desde antes en esta planificación. Estas ciudades recibieron un llamado de atención de Bruselas por los niveles de contaminación que producían”, explica Álvarez.

Para este especialista, como le explica a este medio, se deberían haber basado en los planes preexistentes y no exigir uno totalmente nuevo. Además, se debe poner en valor que no todas estas ciudades cuentan con los recursos de inicio.

Los ayuntamientos pequeños de 50.000 habitantes, en ocasiones, no cuentan con el personal necesario para llevar a cabo semejante estrategia de planificación urbana.

Pero, no solo se trata de especialistas. Para poder hacerlas se debe cambiar las ordenanzas vigentes, modificar los contratos vigentes de aparcamientos y qué implicancias legales traerá.

“Esto genera una serie de cuestiones que se deben estudiar y que no se logran hacer para mañana. Habrá municipios que lo tengan más o menos sencillo, pues porque su configuración urbana y el desarrollo que han tenido les favorece”, deja en claro Sergio Barreña Caloca.

Entonces además de tener que buscar personal dotado de cualidades técnicas y de planificación, se deberá contar con los plazos burocráticos que cambiar una ordenanza o modificar un contrato conllevan. 

Otro problema que se suma, señalado por ambos especialistas es la falta de una Ley de Movilidad Sostenible en algunas Comunidades Autónomas. Al no existir esta no había obligación de tener una planificación de la movilidad.

Ahora, les surge la obligación de tener una Zona de Bajas Emisiones, por lo tanto deben planificar su territorio y movilidad de una manera diferente, o incluso tener una.