Tras la socialización de los borradores, la Superintendencia de Electricidad proyecta que dentro de dos o tres meses aproximadamente debería finalizar el feedback del consultor a los comentarios realizados por las partes interesadas y, tras esto, convocar a una audiencia pública. 

“Tras ese tiempo de vista pública, nosotros como Superintendencia emitiremos una resolución”, adelanta la autoridad máxima del organismo, Rafael Velazco, en diálogo con Portal Movilidad en República Dominicana. 

Uno de los cuestionamientos recibidos al primer boceto del reglamento es cómo se contemplan los súper cargadores en la red, teniendo en cuenta que tienen una conexión distinta. 

Si bien se le preguntó al consultor sobre este tema, este respondió que no era necesaria una consideración aparte, dado que en otros países tienen el mismo tratamiento que el resto de los cargadores. 

“Ya nos han llegado algunos comentarios que particularmente a mí me llaman la atención y creo que tendremos que ver qué haremos con los supercargadores, que no son tantos pero que cada vez son más”, señala Velazco. 

Cabe recordar que ambos reglamentos buscan establecer normas de calidad y técnicas a un segmento que, luego de un importante avance, había quedado retrasado a nivel regulatorio. 

En ese sentido, se apunta a, por ejemplo, un marco que beneficie al privado al momento de instalar un punto de carga. 

Hasta el momento, el negocio se basaba en la venta del tiempo de carga. Sin embargo, ahora el modelo insta a dejar la comercialización abierta al libre mercado, donde las distribuidoras de energía sólo participarán como suministradoras. 

“Nuestro alcance llega hasta la manera de entregar energía por parte de las distribuidoras a un tercero, como puede ser una vivienda. En lo que respecta a una recarga particular, lo dejamos a la libre competencia porque nosotros no tenemos manera de saber las peculiaridades de cada caso”, indica Velazco. 

Otro de los temas en los que se trabaja es en la carga para buses eléctricos, unidades que se espera estén rodando por las calles de República Dominicana en un piloto que desarrolla el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). 

En este caso, se establece una tarifa diferenciada para vehículos públicos y privados, donde se contemplan precios más económicos para los primeros. Igualmente, todavía hay ciertos puntos que no están claros.

Para instalar un cargador en la vía pública, el Ayuntamiento debe brindar su autorización. Si alguien lo hiciese, la persona deberá tener su propio medidor. 

Al respecto, Velazco explica: “No tenemos nosotros la última palabra en lo referente a la vía pública. Las distribuidoras pagan un 3% de lo cobrado a los Ayuntamientos por el uso de la vía pública de sus postes. Entonces, es posible que los Ayuntamientos quieran lucrar con eso también. Eso se escaparía de nuestro alcance”. 

Y concluye: “Creo que el Ayuntamiento buscará ayudar, pero no puede hacerlo hasta que haya una normativa. No puede permitir un cargador en una acera o en una calle porque si está mal puesto y alguien tiene un accidente, no hay cómo reclamar”.