Diez legisladores de la Unión Cívica Radical y del PRO presentaron en conjunto un proyecto de ley que se propone incentivar la electromovilidad en Argentina.

Se trata de Silvia del Rosario Giacoppo,  Victor Zimmermann, Pablo Daniel Blanco,Silvia Elías de Pérez, Stella Maris Olalla, Luis Carlos Petcoff Naidenoff,  por la UCR, y Esteban José Bullrich, Gladys Esther González, Néstor Pedro Braillard Poccard, y Alfredo Luis De Angeli por el PRO.

El artículo 3 explicita un objetivo concreto: «Se establece como meta el reemplazo del 40% de las unidades diesel del transporte público automotor de pasajeros por unidades eléctricas enchufables para el 31 de diciembre 2030 y el 100% para 2040».

En cuánto a los incentivos, los senadores proponen mejoras fiscales que faciliten el desarrollo del mercado y la cadena de proveedores locales.

Por caso,  plantean «el Poder Ejecutivo deberá establecer una reducción de entre el 50% y el 100% en los aranceles a la importación de: vehículos eléctricos e híbridos, sus partes y repuestos; baterías de litio, sus partes y repuestos, así como los bienes de capital e insumos destinados a la producción y/o ensamble de las mismas; y los motores y componentes electrónicos necesarios para la conversión de vehículos convencionales a eléctricos, siempre que no se produzcan en el mercado interno».

En tal caso, la Autoridad de Aplicación establecerá los porcentajes de reducción arancelaria y los bienes sujetos al beneficio, elaborando a tal efecto un listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

También proponen que «las personas jurídicas dedicadas a la fabricación de vehículos eléctricos, a la conversión de vehículos convencionales a eléctricos, y a la fabricación y/o ensamble de baterías de litio, el Poder Ejecutivo entregará un bono de crédito fiscal transferible, aplicable al pago de impuestos nacionales, equivalente a un 25% de las ventas efectuadas y al 50% de la inversión inicial relacionadas en todos los casos con la movilidad eléctrica».

La Autoridad de Aplicación establecerá el contenido mínimo nacional (CMN) con que deberán contar los bienes producidos y/o  ensamblados para acceder a los beneficios autorizados por la presente ley.

De acuerdo al proyecto de ley los beneficios contemplados en la presente tendrán vigencia por diez años.

«La electrificación del transporte supone una oportunidad para la creación de nuevos modelos de negocio en muchas áreas, desde la digitalización hasta la producción de vehículos, pasando por el
mantenimiento, la conversión de unidades convencionales a eléctricas, la optimización y muchos otros», sostienen los legisladores.

Apoyo del Estado

El texto sugiere que «las instituciones del Sector Público Nacional establecerán esquemas de conversión y/o compra prioritaria de vehículos eléctricos e híbridos al momento de renovar sus flotas operativas en la medida que cumplan las especificaciones técnicas requeridas».

Dichos organismos deberán contemplar en las licitaciones y compras directas que realicen, criterios que promuevan la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos mediante cupos mínimos.

«El Sector Público Nacional establecerá en el Presupuesto de cada año una partida específica para ejecutar un plan de inversiones en obras de infraestructura y servicios asociados al fortalecimiento, la promoción y la interoperabilidad de la movilidad eléctrica», agregan los legisladores.