El World Resources Institute (WRI) de México diseñó el Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público con el objetivo de paliar la crisis que atraviesa este segmento en el país, profundizada por la pandemia de coronavirus, y encontrar medios de movilidad más sostenibles, como los e-buses. 

“Hay una necesidad evidente de apoyo por parte del Gobierno Federal. De hecho, entre 2020 y 2021 no ha habido ninguna política para aliviar los impactos financieros”, afirma Fernando Páez, director de Movilidad Urbana de WRI México. 

Si bien las consecuencias del COVID-19 agravaron esta problemática, varios factores como los bajos niveles de servicio, las condiciones mínimas de confort, la falta de integración tarifaria, la competencia de nuevos servicios, la incapacidad para atender la demanda, el agotamiento de los modelos de financiación y los incentivos a la compra de automóviles y motocicletas ya habían propiciado este descuido del sector. 

Por esto, desde la organización, buscan que se alcancen viajes per cápita más baratos, reducción de muertes y lesiones en el tráfico, menos enfermedades respiratorias, bajos niveles de consumo de energía, reducción de la contaminación local y gases que contribuyen al cambio climático, así como una mayor eficiencia de viaje en menor tiempo y con menos congestión.

Las tres etapas de la estrategia

1. De año a año y medio, se debe buscar garantizar la liquidez de los sistemas de transporte.

Para esto se requieren recursos públicos que apoyen a los transportistas en el presupuesto federal y local, explorar incentivos fiscales y establecer garantías de crédito con respaldo gubernamental. 

     2. La segunda etapa es la de revivir al sector, lo cual tomará entre uno y medio y tres años.

La idea aquí es hallar la reactivación económica del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad del servicio. 

En el área financiera, es necesario incentivar la inversión en infraestructura, en renovación de flotas, revisar y ajustar los modelos de negocios del transporte público, reducir aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial.

Por otra parte, en el área operacional, se debe promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago, y la implantación de carriles segregados para autobuses y control de operación.

       3. En un tercer momento, el fin es prosperar. Es decir, encontrar soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos. 

Aquí, la idea es consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes, nuevos modelos de financiamiento de transporte a largo plazo, transitar a tecnologías limpias con e-buses, y la optimización de la infraestructura.

¿Cuáles serán los criterios de asignación monetaria?

Para que el Programa logre poner al día el retraso que tiene el transporte público hoy, según el instituto serán necesarios 20 mil millones de pesos al año como monto inicial de este fondo. 

Estos serán entregados teniendo en cuenta criterios de población, de padrón de vehículos y de requisitos a los transportistas a los que se vaya a asignar este proceso. 

¿Cuáles son los próximos pasos?

“Estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad para tener conversaciones regionales con operadores del transporte público, que nos permita identificar desde su punto de vista sus necesidades, propuestas y qué compromisos pueden asumir en este marco del proceso”, adelanta Páez en el Primer Foro de Autoridades de Movilidad. 

Y cierra: “Luego veremos cómo vincular al Legislativo con el Ejecutivo para que comprendan la necesidad de atención que tiene la crisis del transporte público”.