Durante el especial organizado por Portal Movilidad, Fitzgerald Cantero Piali, director nacional de energía del ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), anunció en exclusiva el lanzamiento de un marco regulatorio de cargadores para marzo en Uruguay.

En base a esto representantes de diferentes empresas y organizaciones que participaron del primer panel de debate plantearon ciertas ideas y cuestionamientos sobre hacia dónde debería apuntar la regulación de la infraestructura de carga en el país, en base a sus trayectorias y experiencias.

“Para hablar de regulación, tienen que pensarse tres aristas”, comienza diciendo Eduardo Quezada Araya, gerente comercial de KPN Energy Solutions, quien enumera: “Una asociada al cargador; la segunda, la instalación, es decir, dónde van a jugar los actores; y tercera, el tipo y la forma”.

Además, asegura que se debe tener en cuenta que “las redes no están preparadas para la carga rápida y hay que poner atención en cómo se va a instalar en la red actual”. Y resalta: “Hoy estamos tranquilos porque tenemos pocos autos, pero en diez años los números van a crecer”.

Por su parte, según Gonzalo Ubilla, gerente de operaciones de PROSEPAC Movilidad Eléctrica, “es necesario definir una norma de conectores porque, si bien la recomendación es seguir con la europea, los importadores importan con cualquier norma”.

Además, puntualiza: “Se debe trabajar, en especial, en la carga continua de rutas para que la gente se anime a pasar al vehículo eléctrico y haya una infraestructura que soporte el uso de la red”.

En esa misma línea, Antonella Tambasco Graña, asesora del ministerio de Industria, Energía y Minería, aseguró que desde el Estado están estudiando la carga continua: “La mayoría de los ómnibus cargan en continua y algunas cargan en su centro. Hay que ver si esto se expande, si se pueden hacer nuevos centros. También estamos viendo cómo trabajar para vehículos que necesiten una carga mucho más rápida”.

Desde la mirada del sector automotriz, para Pablo Azorín, gerente de Seguridad Vial y Medio Ambiente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), es importante que “las autoridades se conviertan en un proveedor de movilidad”. Para esto, afirma, “van a tener que prever cargadores y van a tener que elegir el lugar de donde se va a situar logísticamente el cargador, lo cual generará muchas alianzas entre lo público y lo privado”.

Regulación de tarifas e incentivos

 En cuanto a los impuestos y estímulos, los panelistas, en general, ponen la mirada en el usuario, aunque con ciertas variantes.

“Los gobiernos deben ir sacando subsidios a los hidrocarburos e ir generando incentivos para la compra de vehículos eléctricos”, advierte Azorín y agrega: “Es importante generar una agenda común, entre el sector público y privado, para fomentar una movilidad eléctrica y disminuir el costo de abatimiento”.

En concordancia, Quezada extendería “la exoneración de impuestos al usuario final, que va a comprar el auto y que necesita un poco de apoyo, e incentivaría las potencias instaladas de la industria”.

Asimismo, Ubilla también destaca al consumidor final: “Habría que darle, por la noche, más potencia a las casas que tengan vehículos eléctricos, ya que en la noche en Uruguay tenemos sobrantes de energía. De esta manera, no tendrían que aumentar la potencia de la caja y los costos que eso conlleva”.

Brindando la mirada estatal a futuro, Tambasco Graña explica que se encuentran haciendo foco en el desarrollo de la electromovilidad en las pequeñas compañías: “Los transportes para recorridos cortos, como las bicicletas y motos, podrían ser una solución, sobre todo para esas empresas que no tributan renta”.

Y continúa: “Es decir, pensamos en aquellos que no tienen el beneficio de ley de promoción de inversiones, pero que tiene que ver con e-commerce y servicios a domicilio. Creemos que ahí se pueden explorar alternativas”.