24 Mar, 2022
Por “falta de demanda” el Gobierno mexicano no incentivará la compra de vehículos eléctricos

Para la iniciativa privada, resulta frustrante esta insistencia del Gobierno federal a quedarse por ahora solo en un nivel regulatorio.

El sector público y el privado tienen visiones distintas del rol del Gobierno para fomentar los vehículos eléctricos (EVs) en México.

Para el gobierno federal, ahora mismo, no existe un interés en “forzar la demanda interna, no estamos en el lado de dar incentivos para que la gente compre un coche eléctrico”, según Mónica Duhem, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía (SE).

Por el contrario, añade la funcionaria, el foco está en “atraer la inversión y que México sea un jugador importante en la producción de vehículos eléctricos […] por el lado de poner las condiciones [regulatorias] idóneas para que seamos un país competitivo y que quieran invertir aquí”.

Por el contrario, a la iniciativa privada (IP) le gustaría que el Gobierno se involucrara en el desarrollo de vehículos eléctricos más allá de crear el entorno normativo y legislativo.

“Tiene que ser un trabajo gradual y continuo. No debería ser nada más de ‘aquí está la legislación, está perfecta y funcionando, así que ahora ahí se ven’. Hay que seguirlo trabajando [en conjunto], revisar el plan de desarrollo cada tres, cinco años e irlo viendo”, asegura Gerardo Gómez Gálvez, director general y country manager de la firma de consultoría automotriz J.D. Power México.

Esta diferencia en las perspectivas del sector público y privado no es nueva. Desde hace largo tiempo, la IP ha reclamado que hacen falta incentivos en México para impulsar tanto la demanda como la producción de vehículos eléctricos en el país.

Sin embargo, esta brecha en la visión de la IP y del Gobierno se hizo más notoria con la publicación de un estudio realizado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que fue celebrado por la Embajada de los Estados Unidos en México como una muestra que ambos países tienen el potencial de “caminar juntos hacia un futuro brillante en materia energética”, en palabras del mismo embajador Ken Salazar.

En el reporte, aunque se reconocen algunos incentivos fiscales, inversiones en infraestructura y otros avances más allá de la cuestión legislativa, también se reconoce como un requisito para acelerar la transición a la electromovilidad el desarrollo de más infraestructura de carga, más incentivos fiscales y no fiscales, así como educación al consumidor y el desarrollo de un marco jurídico-normativo.

Sin embargo, de acuerdo con Mónica Duhem, desde la SE hay un foco muy preciso en desarrollar, por el momento, solo el tema legislativo. La funcionaria asegura que ahora el rol del Gobierno para fomentar la transición a la electromovilidad es “a nivel regulatorio, estándares y normas, para que el ambiente regulatorio sea el propicio e idóneo […]. Es todo ese andamiaje regulatorio para que tengamos las condiciones y estén muy claras las reglas del juego para que logremos una transición segura”.

En lo que se refiere a incentivos fuera del marco legislativo, solo apunta que se están creando grupos de trabajo con especialistas y con la misma IP para diseñar planes de desarrollo a futuro; sin hacer referencia a políticas fiscales que, económicamente, motiven a consumidores y al sector privado a acelerar la transición hacia la electromovilidad.

Incluso señala que “independientemente de lo que podamos hacer en particular para fomentar la transición interna hacia la electromovilidad, ya muchas empresas están sumadas a la causa con planteamientos interesantes de cómo van a hacer ellos mismos” el salto a los vehículos eléctricos.

También se percibe cierta resistencia a tomar un rol más activo en el corto plazo en lo que se refiere a inversiones físicas para fomentar vehículos eléctricos en México.

Aunque en medios locales Duhem admite que sí es crucial tener una infraestructura específica que soporte la electromovilidad, “lo que estamos haciendo es el tema de regulación: cómo tiene que estar esta red eléctrica de cargadores, cuáles son las normas y estándares que queremos para cuando se desarrolle”, responde la funcionaria.

“Si me preguntas si va a ser una inversión de gobierno el despliegue de esta infraestructura o va a ser de la IP, diría que no estamos aún en ese punto porque la demanda interna no está. Ahora queremos estar seguros que, cuando se necesite ese despliegue, ya existan las normas y reglas adecuadas”, agrega Duhem.

Si el sector público continúa rehusándose a tener una participación más activa, con políticas fiscales y de infraestructura claras a mediano y largo plazo, “todo se desaceleraría y la adopción [de vehículos eléctricos] se haría a un paso más lento. A fin de cuentas, se necesita la ayuda de ambas partes [IP y Gobierno]. Esto va a llegar en algún momento, no lo podemos evitar. El punto aquí es qué tan rápido queremos que llegue”, señala el director general de J.D. Power.

En este sentido, concluye que “tenemos la gran ventaja de que podemos ver lo que está pasando en otros países y los beneficios que pueden tener [otro tipo de incentivos fuera de los regulatorios]. De ahí podríamos aprender muy rápido para trasladarlos aquí”.

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