En octubre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso el año 2040 como fecha de caducidad a los motores de combustión en Latinoamérica, para dar respuesta a la crisis climática y marcar un objetivo concreto -y mancomunado- en relación a la movilidad sustentable.

Sin embargo, vale mencionar que a fines de junio los países de la Unión Europea lograron un acuerdo histórico para eliminar las emisiones de carbono de los automóviles nuevos para el 2035, anunciando el fin de una era.

En este sentido, Gustavo Máñez, director adjunto para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), declara: “Los países de nuestra región deberían considerar una fecha de caducidad cercana a la de Europa”.

Gustavo Máñez, director adjunto para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Cabe recordar que, dentro de Latinoamérica, Chile estableció el 2035 como límite, al igual que la Unión Europea. Es por esta razón que desde PNUMA consideran que es factible que los demás países de la región adelanten las fechas de caducidad.

Este tema podría ser el marco para generar un debate en torno a la electromovilidad con el objetivo de crear políticas públicas que permitan descarbonizar las economías.

De esta forma, se espera que este tópico sea abordado en la próxima Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, que tendrá lugar en la ciudad de Sharm El-Sheikh, Egipto, del 7 al 18 de noviembre de 2022.

“En la COP26 se analizó el dejar de lado el carbón. Y creo que este asunto va a volver a tratarse en la COP27, pero de una forma más fuerte. Ahora no solamente se abordará el tema del carbón, sino también los combustibles fósiles como el petróleo y el gas”, explica Máñez en la Cumbre Latinoamericana de Movilidad Eléctrica de Portal Movilidad.

Y agrega: “Dada la crisis energética que estamos sufriendo a nivel mundial, debido a la altísima volatilidad de los precios, vamos a comenzar a ver empujes cada vez más fuertes para dejar de lado esta economía mundial basada en los fósiles”.

Otro tópico que será abordado en la próxima conferencia se vincula con cómo el cambio climático constituye una barrera para el desarrollo de los distintos países. En este sentido, se debatirá acerca de las sequías, la pérdida de productividad agrícola, la hambruna y la afectación a las infraestructuras.

Asimismo, otro asunto que será analizado está relacionado al financiamiento que los países desarrollados se comprometieron a facilitar en negociaciones previas.

“El dinero llegó, pero en parte. Es decir, no completamente y no en la escala necesaria”, reconoce el director.

¿Cómo será el modelo de financiamiento?

En cuanto al financiamiento, vale mencionar que la Banca Internacional juega un rol fundamental a la hora de financiar los modelos de negocios para el transporte público.

“Esta entidad puede replicar modelos como los de Colombia y Chile que son paradigmáticos porque demostraron que el cambio de las flotas a buses eléctricos funciona”, indica Máñez.

Y añade: “Debe brindar financiamiento inicial teniendo en cuenta que la mayoría de los países del mundo están intentando recuperando sus economías, altamente endeudadas debido a las consecuencias de la pandemia. Las finanzas multilaterales deben colmar esas necesidades”.

Dado que en Latinoamérica el transporte constituye el mayor generador de gases de efecto invernadero, es imprescindible abordar este tema como prioritario y la Banca Internacional cumple un papel fundamental para hacerlo.

“Debe priorizar este tema junto con la transición energética y la adaptación al cambio climático, porque son hechos que nos están afectando en el presente”.

Dada la crisis energética, el mundo se ve obligado a transicionar hacia las cero emisiones.

En este sentido, Máñez anuncia: “Estamos a punto de presentar un informe sobre cuáles son los costos, beneficios y oportunidades de pasar de una economía como la que tenemos ahora a una 100% renovable”.

“Debemos comunicar fuertemente a los tomadores de decisiones los datos de los beneficios económicos, sociales y de competitividad que esto supone”, sostiene el director.

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