Recientemente se llevó a cabo el conversatorio “Ley de Incentivos Fiscales para la Movilidad Eléctrica y sus Implicaciones”, organizado por la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA).

Allí, Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, indica que «el ingreso de vehículos eléctricos usados es el nuevo reto al que se enfrenta el país«, al igual que la introducción de cargadores desde el extranjero.

Lo cierto es que el Decreto 40-2022, aprobado en agosto y reglamentado en noviembre de 2022, establece la exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El proceso de aplicación de los beneficios funciona de la misma manera tanto para autos como para conectores.

Si bien las exoneraciones se realizan de manera automática, sucede que muchas veces los productos llegan identificados de manera incorrecta en el documento de importación. En efecto, el sistema comprende que no se le deben aplicar las facilidades comprendidas en la ley.

“En estos casos se tiene que realizar un proceso de corrección en los códigos identificadores, tarea que conlleva un tiempo considerable. Lo positivo es que a partir de los errores cada vez nos moveremos más rápido y la curva de aprendizaje llegará a darnos el nivel de eficiencia que deberíamos tener”, reconoce Pimentel.

Vale mencionar que, en cuanto a los documentos de importación, Guatemala forma parte de un sistema centroamericano. Entonces, al momento de corregir la información, también se deben tener en cuenta los formularios que son utilizados a nivel regional.

Otro desafío al cual el sector se enfrenta se vincula con que muchas veces los gestores de aduana insisten en que los usuarios de la movilidad eléctrica paguen el arancel, generalmente porque desconocen los beneficios que otorga la normativa y los procedimientos de aplicación.

“Existen canales de reclamo, pero muchas veces no logramos responder todas las consultas en el momento en que se necesitan resolver. Por ende, sugiero que se le muestre la ley al empleado y, si no lo puede resolver, a su superior. Hay casos en los que, por no dialogar con las máximas autoridades, terminan pagando el impuesto. Eso no debe suceder”, explica el ministro.

Y añade: “Comunicamos la información a todos los actores implicados, pero no todos conocen los cambios normativos o no los recuerdan. Por ello, tenemos que seguir trabajando en hacer valer la ley”.

¿Cambios en la infraestructura de carga?

En la actualidad, las autoridades no contemplan incorporar estándares de calidad para los cargadores de autos eléctricos.

Lo cierto es que la ante la ausencia de una política nacional de eficiencia energética, el Gobierno no puede exigir dichos estándares.

Sin embargo, Pimentel admite: “El propio mercado nos llevará a atender necesidades específicas. Creo que en algún momento la ley sufrirá ajustes en cuanto a temas de calidad, definición de productos y eficiencia. Pero al día de hoy no existe impedimento para importar cualquier conector”.

Finalmente, el ministro enfatiza: “La normativa busca que haya vehículos eléctricos, híbridos y sistemas eléctricos, y que se desarrollen de la forma más rápida posible a nivel nacional. Incluye no solo incentivos para los autos en sí, sino también para los enchufes, el negocio de distribución de carga y el de ensamblaje. Es amplia y es trabajo de todos nosotros darla a conocer”.

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