El desarrollo de la infraestructura de carga y el avance hacia una movilidad eléctrica y más sostenible han estado en el foco del Gobierno español, generando así una serie de estrategias para darle empuje a este proceso.

No todas las medidas emitidas han sentado bien, ni los modos de enfocarlas ni el desarrollo en si. Es así, que desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)  se ha planteado que las “imposiciones legales” no son la vía para fomentar la instalación de cargadores para coches eléctricos.

De esta manera, Nacho Rabadán, director general de la CEEES, reconoce  que es necesario que se incluya en la ecuación pertinente a la transición tecnológica para descarbonizar el medio.

Es en este sentido que sostiene: “A la hora de afrontar este proceso se tiene que pensar que las estaciones de servicio más que ser problema somos la solución, ya que somos una pieza fundamental de la transición energética”.

El pasado 20 de mayo el Congreso de los Diputados de España aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. 

Por medio de la misma se planteó que todas aquellas estaciones de servicio que hayan superado unas ventas agregadas de más de 10 millones de litros anuales de gasóleos y gasolinas, según datos de facturación de 2019, estarán obligadas a instalar cargadores de 150kw, mientras que en el caso de las de más de 5 millones de litros deberán ser de al menos 50Kw.

Esta regulación hizo que las voces del sector se levanten, tal como sucedió nuevamente hace algunas semanas por la última medida que obliga a más de mil estaciones de servicio a instalar cargadores eléctricos.

“La ley de cambio climático que obliga a las estaciones con mas litros vendidos a instalar cargadores en la práctica supone una quiebra a la libertad de empresa”, apunta.

Así explica que no hay sentido de que se obligue a estas estaciones que más litros venden a instalar cargadores, ya que muchas veces las mismas tradicionalmente están dedicadas al transporte de mercancías o bien se encuentran en puntos fronterizos para salir hacia Francia. Es por ello que  “no tiene  demasiado sentido” la instalación allí.

Reconociendo que España es un país muy extenso, con medio millón de kilómetros cuadrados y ya unos 9 mil puntos de recarga, Rabadán se centra en el hecho de que la gran mayoría están centralizados en Bilbao, Madrid, Barcelona y Sevilla, “quitando eso es un desierto”. 

Resulta de este modo, que el Estado debe hacer foco en desarrollar una estrategia que no solo se base en un conteo cuantitativo de los puntos de carga, sino que el mismo sea cualitativo y tenga en cuenta no solo la cantidad sino también aspectos como la ubicación o la potencia de los mismos.

A su vez, piden ser parte del desarrollo de las políticas para fomentar el pase a la electromovilidad.

Ante esto, relata: “Tenemos muchas reuniones con la administración pública, hace muy poco mantuvimos una reunión con la Dirección General de Hidrocarburos y Combustibles, pero el problema que tenemos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tenemos una relación inmejorable a nivel técnica, pero nos resulta imposible escalar a nivel político”.

Reconocen que son críticos porque entienden que “lo que hace la Administración no está bien”, pero buscan ser parte  del proceso ya que son los que saben cuales son sus necesidades y desafíos.

El apoyo del Estado al sector 

Finalmente, desde CEEES sostienen que este proceso no solo se trata de instalar cargadores, sino que también debe tenerse en cuenta el desarrollo y las inversiones que deben darse en torno a cada punto.

Cada instalación ronda los 60.000 euros, y pese a la existencia del Plan Moves destacan el hecho que que todo lo que es obligatorio no es subvencionable, entonces entra otro problema ya que muchas estaciones deben hacer este recambio sin poder acceder a ninguna ayuda.

Asimismo, el gran desencadenante de todo esto es que los asociados de la confederación están dispuestos a invertir, pero lo están haciendo frente a una gran apuesta financiera que no posee una demanda existente, ya que la movilidad eléctrica todavía no ha penetrado completamente en España.

“Si tuviéramos que jugar a la lotería jugaríamos, pero esto es diferente ya que nos están obligando a hacerlo”, concluye el representante de CEEES.

Ailen Pedrotti
Ailen Pedrotti
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