Latam | Vehículos Eléctricos
viernes 18 de septiembre de 2020
¿Impuesto verde? Para acelerar electromovilidad proponen penalizar uso de vehículos a combustión
Crece la circulación de vehículos particulares por la pandemia y, para lograr una movilidad más sustentable y sostener el transporte público, especialistas plantean establecer penalizaciones al uso de vehículos contaminantes.
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A nivel internacional, el impuesto al CO2, o impuesto verde, está reconocido como una herramienta para impulsar la transición hacia una matriz de generación 100% renovable y limpia.

El valor que recomienda el Acuerdo de París es de entre 40-80 USD/tonCO2 al 2020 y 50-100 USD/tonCO2 al 2030. Su finalidad es obligar a pagar una tasa a los contaminadores bajo el principio de quien contamina paga.

De la misma manera que en el sector energético se establecieron gravámenes a la generación de energía basada en combustible fósil, podría aplicarse en el transporte a fin de acelerar la transición hacia las cero emisiones.

En el caso de los particulares, sería un complemento a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, impuestos al combustible y a la congestión. De esta forma también incrementarían los ingresos públicos que podrían utilizarse para otras políticas medioambientales.

Suiza, Noruega, Holanda, Reino Unido y Suecia son algunos ejemplos de países que lograron transformar su flota vehicular bajo este tipo de impuestos que modifican los comportamientos de los usuarios, pero no limitan ni prohíben.

Luis Antonio Lindau, director del programa Ciudades del World Resources Institute Brasil, en la 4° edición del foro Ecomovilidad organizado por El Colombiano, indicó que un camino a las cero emisiones sería aplicar una tasa a las externalidades negativas de los vehículos privados para promover el uso del transporte público.

“Me gustaría que el cobro de las externalidades entrase en los debates de los gobiernos y se tenga en cuenta en las ciudades de América Latina y en el mundo para tratar cómo domar el uso de los vehículos privados”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el cobro de un impuesto a la congestión tiene un potencial de recaudación muy alto y podría ser canalizado para el transporte público luego de verse afectado por la pandemia.

Otra sugerencia es incorporar un gravamen a sistemas como Uber por los atascos en el tránsito que genera, pero que no sea lineal sino acorde a las distancias de los viajes.

“Se debe entender la necesidad de establecer medidas tarifarias para que sobreviva el transporte público y también lograr la reducción de las emisiones”, aseguró.

Por su parte, Mónica Araya, Lead- Transport en Climate Champion COP26, mencionó la estrategia en política pública de Ámsterdam en su camino hacia las cero emisiones de cara al 2030.

No solo implica la electrificación de los buses y la descarbonización de las flotas comerciales, sino que aplica un costo elevado al parqueo de los vehículos particulares y deberán ser cero emisiones, para que primero se considere la caminata, el uso de la bicicleta o el transporte público.

El 27% de los habitantes de Holanda utiliza bicicleta, lo que representa el porcentaje más alto de usuarios de este medio de transporte en términos de viajes diarios. El 47% elige el auto, 18% camina, el 3% se sube a un bus, tranvía o metro y el 2% al tren.

 

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