La red de recarga de vehículos eléctricos crece, y esto es un hecho.

Hace unas semanas, el Parlamento Europeo aprobó garantizar que los países miembros cuenten con cargadores de vehículo eléctrico cada 60 kilómetros. Una medida esencial para encarar con garantías el paso a una electromovilidad que, hoy por hoy, se plantea como la alternativa más viable a los vehículos de combustión, que en un amplio abanico de países han de dejar de fabricarse a partir de 2035.

Con esta iniciativa, que forma parte del paquete de medidas “Fit for 55 2030”, se resolvería uno de los flecos más importantes que quedaban para la implantación definitiva del vehículo eléctrico: la recarga en las principales vías de comunicación.

Sin duda es una oportunidad para la celebración ya que, sumada a la progresiva instalación de cargadores en las ciudades, la recarga cada 60 kilómetros en las principales vías apuntalaría definitivamente el uso del coche eléctrico; un hito que, hace apenas 5 años, hubiera parecido para muchos poco más que un cuento. No en vano, una de las problemáticas que más preocupan a los conductores a la hora de cambiarse al eléctrico es la falta de cargadores accesibles para ellos. Y en ningún otro ámbito se hace más evidente que en los territorios más extensos y a la vez más ignorados del mapa: las zonas rurales.

Efectivamente, una vez cubiertas las necesidades de las ciudades principales y las vías de conexión entre sí, cabe preguntarse si hay que olvidar, de nuevo, a la España rural.

“La España vaciada”, la del pueblo de vacaciones de verano, la agricultura y los grandes paisajes, ha ido desertificándose a medida que la migración a las ciudades se ha ido haciendo más y más visible década tras década. El avance hacia un mundo más limpio será atroz cuando ciudades y autopistas estén electrificados, pero si en sólo algunos años no habrá ni un vehículo con tubo de escape saliendo de los concesionarios, ¿qué alternativa estamos dejando a los habitantes de la España “transurbana”?

La cuestión no es sencilla, y si debe medirse únicamente a través de los libros de cuentas es posible que quede relegada al olvido. La energía es un derecho, ya claramente reconocido, y también lo debería ser emplearla para hacer de este mundo un lugar más limpio a través de la electromovilidad, especialmente tras la ingente apuesta de Europa por la movilidad sostenible.

Pero tampoco debe olvidarse que los operadores de carga, las compañías suministradoras y las empresas energéticas no pueden proporcionar las importantes infraestructuras que necesitan sus servicios para unas pocas decenas de recargas a la semana. Lo sabemos bien: no es rentable. Pero entonces, repetimos ¿cuál es la alternativa?

Probablemente sea la Administración quien deba ayudar a suplir estas carencias. Entre las maneras en que puede hacerlo está la de favorecer la recarga doméstica y de oportunidad local por parte de los ayuntamientos y gobiernos regionales o estatales, algo que ya se está empezando a implementar con éxito en muchas zonas de España.

Favoreciendo la instalación de cargadores domésticos de vehículo eléctrico a través de diferentes mecanismos, todos aquellos conductores con garaje privado, sea este personal o comunitario, podrían gozar de la tranquilidad de la recarga nocturna y en el propio hogar; esto es especialmente útil en la mayoría de la España rural, donde abundan más las casas que los bloques de pisos y, por tanto, es aún más sencillo cargar en el entorno doméstico.

Por otro lado, la recarga de oportunidad en zonas públicas y equipamientos municipales como instalaciones deportivas, ayuntamientos o centros culturales puede dar el empujón definitivo para que los usuarios puedan contar siempre con la posibilidad de recarga.

Una segunda forma para favorecer la recarga en el medio rural seria proporcionar centros de carga en puntos estratégicos, para centralizar la recarga de diversos municipios pequeños en un único hub de alta potencia. Haciendo esto no sólo estaríamos compartiendo los beneficios de una movilidad limpia entre distintas poblaciones, sino que también podrían servir como puntos de recarga para conductores de otros territorios en caso de necesidad. Esto haría más rentable la inversión en infraestructura a causa de la concentración de vecinos de distintos municipios, a la vez que permitiría repartir esa inversión de manera común entre las diferentes localidades.

Un último sistema, proyectado hacia un futuro bien próximo, seria invertir en la tecnología que permita el autoabastecimiento de las instalaciones de recarga, combinando soluciones de generación de energía renovable, como la fotovoltaica o la eólica, para alimentar los cargadores de vehículo eléctrico en centros de recarga de carga rápida.

Combinado con un sistema de baterías gran capacidad, y con pilas de combustible (ineficientes energéticamente, pero prácticas cuando la red de alta tensión sea lejana), estos hubs permitirían recargar a una potencia media con energía 100% verde y, al no necesitar de grandes acometidas, su inversión podría verse drásticamente reducida. Esto permitiría multiplicar esta solución para garantizar una red de recarga de una potencia limitada pero mucho más presente en todo el territorio.

Debemos alejarnos de la idea de que la recarga será sólo urbana o circunscrita a los grandes nexos de comunicación. La enorme mayoría del territorio es rural, y la responsabilidad de todos los implicados (desde los propios fabricantes hasta los operadores de recarga y las administraciones públicas) debe pasar por integrarlo en la movilidad del futuro.

Las dificultades pueden aparecer, por supuesto, pero también las soluciones creativas para superarlas: como tantas otras cosas, dependerá únicamente de nuestra voluntad hacer el cambio posible para todos.

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