Hoy en día los avances del sector demuestran que la implementación de la movilidad eléctrica es una oportunidad imprescindible, tanto para impulsar el desarrollo ambiental de cualquier país como así también para lograr  un mayor desarrollo social y económico a través de la generación de nuevos empleos y especialización.

Una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica tiene como propósito coordinar acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de diversas etapas y bajo un modelo de políticas públicas necesarias para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica.

El desarrollo de dicha estrategia involucra aspectos normativos, de gobernanza, actores estratégicos y de educación. Se trata de articular diversas acciones del sector público y privado para garantizar una mejor calidad del aire y reducir la contaminación acústica como así también generar un mayor desarrollo tecnológico dentro del sector automotriz y demanda de energías renovables a través de la electrificación del transporte.

Por otro lado, contribuye a promover y desarrollar una política pública sostenible que brinde seguridad jurídica y atracción de inversiones para acelerar la transición a la movilidad eléctrica en los países.

También representa una alternativa para conocer un diagnóstico sobre la infraestructura necesaria en el despliegue de la movilidad eléctrica, como ser ensambladoras o fabricantes de vehículos y componentes, matriz energética, extracción de recursos, industria y servicios asociados, entre otros.

Sumado a lo anterior, es importante manifestar el rol relevante de los gobiernos en cuanto a posicionar este tema estratégico dentro de la agenda nacional, bajo una eficiente coordinación con el sector energético, ya sea a través de la generación de empleos, incremento de cadenas productivas, movilizando la industria nacional  y promoviendo un ecosistema de innovación dentro del sector.

La mayoría de los paises de la región ya han adoptado este camino como punto de partida con el fin de establecer regulaciones adecuadas a través de incentivos y beneficios fiscales, impulsar el ingreso o producción de vehículos eléctricos tanto para el transporte público y livianos, generar espacios de investigación y desarrollo, potenciar la formación del capital humano en sus distintos niveles y difundir la información necesaria para que los distintos actores puedan tomar decisiones claves para acelerar el proceso de transición.

Asimismo la implementación de una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica permite generar un intercambio permanente a través de la participación de organizaciones nacionales e internacionales, Ministerios, Instituciones académicas, representantes privados, todo ello con el objetivo de contribuir con las metas establecidas en el Acuerdo de Paris.

En definitiva, se trata de un cambio necesario y atractivo para el sector transporte, reduciendo el uso del petróleo contaminante y a su vez limpiando la matriz energética generada en cada país, estimulando empleos verdes, nuevas oportunidades de negocios y el crecimiento de la movilidad sostenible.