Existen algunas acciones que son necesarias llevar a cabo por parte de los gobiernos para acelerar el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica, como por ejemplo establecer una ley de promoción que regule su funcionamiento, fomentar estímulos y beneficios, exenciones y acceso a financiamiento para la compra, adaptar cuadros tarifarios en los precios de la electricidad para incentivar la carga de los vehículos, especialmente en horas picos, apoyar la creación de los estándares y la interoperabilidad de los sistemas de carga, como así también crear políticas restrictivas de circulación tendientes a prevenir las emisiones contaminantes de vehículos, entre otras.

Por otro lado generar espacios de conversación con todos los actores del sector privado, ONGs y Universidades para lograr un intercambio sobre las oportunidades de generar valor agregado en conocimientos y tecnologías, que además brinden seguridad jurídica a largo plazo, trascendiendo los periodos de gobiernos e incluyendo al sector energético como generador de energías limpias.

Asimismo otra contribución necesaria del sector público, es la de facilitar las inversiones de capital privado y la investigación y desarrollo para crear industrias de alto valor agregado en los mercados de vehículos y baterías, sobre todo en países con una gran industria de producción de automóviles como son Argentina, México y Brasil. Por otro lado aprovechar el entorno productivo a través del uso e integración de las reservas de litio (Argentina, Chile, Bolivia), como  recurso estratégico para la fabricación y generación de mano de obra local.

Otro factor relevante es la priorización que debe existir por el cuidado del medio ambiente. a través del cual las autoridades deben garantizar la sustentabilidad de los proyectos que las empresas estén desarrollando dentro del ecosistema de la movilidad eléctrica. Esto último relacionado al compromiso asumido en el Acuerdo de París sobre las políticas que los paises deben asumir para evitar el avance del cambio climático, reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Por otro lado sabemos que es poco probable llegar a obtener buenos resultados si no se tiene en cuenta el diseño de una estrategia nacional, que entre otras cosas, permita explorar nichos concretos en los cuales Argentina seguramente tiene ventajas competitivas.

Todo ello comienza por la voluntad y convicción política que involucra una planificación conjunta entre distintos Ministerios con el objetivo de generar condiciones y oportunidades para el desarrollo de un transporte más sostenible.

Sin dudas, el mayor desafio para Argentina es el de comprender y adaptarse a un cambio de paradigma sobre las ventajas que ofrece la industria de la movilidad eléctrica y de esa manera insertarse lo antes posible dentro de un sector que viene avanzando y consolidándose cada vez más en la región.