Es cada vez más emocionante notar cómo la transformación de la industria automotriz en México está en pleno auge, gracias al crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos.
Se trata de un cambio de paradigma que no solo está revolucionando nuestra forma de transporte en términos de movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes.
Sin embargo, es crucial reconocer la importancia de contar con una infraestructura de carga sólida que respalde y promueva esta creciente demanda.
El gobierno mexicano y diversas entidades locales han implementado una serie de incentivos y subsidios para fomentar la adopción de vehículos eléctricos e híbridos.
Estas iniciativas incluyen exenciones fiscales, descuentos en impuestos vehiculares, reducción o eliminación de peajes y estacionamiento gratuito o tarifas reducidas.
Gracias a estas medidas, junto con el creciente interés de los usuarios de adquirir productos sustentables y los avances en la tecnología, se ha estimulado la compra de automóviles eléctricos. Pero, ¿son suficientes estos esfuerzos?
Para que la transición hacia los vehículos eléctricos sea exitosa, es fundamental contar con una infraestructura de carga robusta y extensa. Según expertos internacionales en la materia, se estima que un país necesita un promedio de 12.5 estaciones de carga por cada vehículo eléctrico.
“Si suponemos que el 70 por ciento de la infraestructura sea pública y que, de este, el 50 por ciento sea en electrolineras de cuatro a cinco cargadores, estamos pensando que para 2030 se necesita instalar 15 mil 700 electrolineras”, aseguró Óscar Silva de la consultora Roland Berger México, para el diario El Financiero.
Si analizamos la situación actual, comparado con los beneficios a los vehículos eléctricos, la infraestructura de carga de EV no recibe facilidades en términos de trámites en la importación de estaciones de carga, exenciones tributarias, subsidios para la instalación de electrolineras o programas de electromovilidad, etc. por lo que los esfuerzos bien intencionados de la empresa privada, e incluso del gobierno, se quedan cortos para suplir la demanda necesaria que garantice una red de carga eficiente para los propietarios de vehículos eléctricos.
Idealmente, los gobiernos deberían invertir en proyectos de infraestructura para consolidar una red pública de cargadores.
Sin embargo, existen otros caminos, probablemente menos onerosos, como desarrollar programas que fomenten la instalación de electrolineras de uso público por parte de negocios y empresas privadas.
Por un lado, ofreciendo subsidios, créditos y otras ayudas como tarifas especiales para el consumo energético; y por el otro, brindando beneficios tributarios, arancelarios y aduaneros a las compañías que comercializan y fabrican los cargadores para vehículos eléctricos, para que de esta manera se reduzcan las inversiones necesarias y se le abra las puertas a otras compañías que enriquecerán el mercado con una sana competencia.
No es necesario profundizar mucho en el tema para entender que la movilidad eléctrica ya no hace parte del futuro, sino que es nuestra realidad.
México tiene el potencial de liderar este cambio hacia un transporte más limpio y sostenible en Latinoamérica, pero se requiere un compromiso real con las iniciativas necesarias para fomentar una verdadera movilidad sostenible que lleve al país hacia una nueva era de transporte eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
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