El año 2020 ha desafiado a la humanidad con cuatro crisis concurrentes; la sanitaria, económica, social y la climática, las cuales deben ser enfrentadas simultáneamente y sin dilación.

Se debe  acelerar la transición a un verdadero modelo de desarrollo sostenible, que involucre un cambio sistémico resiliente y respetuoso del ser humano y la naturaleza; de lo contrario las condiciones que generaron la pandemia, la recesión económica, la desigualdad y el cambio climático, con seguridad se amplificarán y serán nuestros perennes e incómodos visitantes.

Cada país y cada región deben identificar en el marco de sus propias realidades, las oportunidades para superar, en el menor tiempo posible, esta cuádruple crisis.  No deberían haber condicionamientos, ni la utilización de una de las crisis para justificar la otra, la opciones que tenemos no están entre la debacle económica y social con la crisis sanitaria y climática. La pandemia puso en mayor evidencia y con crudeza, las desigualdades que lamentablemente existen en nuestra sociedad, al tiempo que se vive con mayor intensidad las consecuencias por el calentamiento global.

En este entorno, América Latina tienen múltiples caminos, todos complejos pero no imposibles, para afrontar esta difícil situación, pero también tiene grandes oportunidades, una de ellas está en el potencial para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir efectivamente el cambio climático y ahí el sector transporte es uno de los más relevantes.

Por los altos porcentajes de energía renovable en su matriz eléctrica, la rápida urbanización, la fuerte utilización del transporte público, los altos niveles de polución y los bajos niveles de eficiencia en el transporte de nuestra región, la descarbonización del sector transporte es un imperativo.

Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) el 38% del total de la energía que se consume en América Latina y Caribe va al transporte, y en muchos países de la región este porcentaje supera el 50% cuando el promedio a nivel mundial se ubica en el 28%.  Estas estadísticas refuerzan la necesidad de una transición acelerada hacia la electromovilidad.

Sin duda hay un consenso internacional en que la ruta a seguir involucra un impulso decidido a la electrificación del transporte, como un paso esencial hacia la movilidad sostenible, que busca simultáneamente la modernización del transporte público, una menor contaminación, mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades y la creación de un ecosistema de emprendimiento e innovación.

La gran revolución tecnológica que representa la electromovilidad, siempre que tenga una visión integral y que apunte a maximizar objetivos globales,  permitirá también promover procesos de innovación no solo en los elementos tecnológicos sino también en nuevos modelos de negocio, las estructuras de financiamiento y las relaciones comerciales que promuevan la descarbonización del transporte, aspectos que generan oportunidades para la creación de nuevos empleos tanto en el sector automovilístico, en el sector energético, como en el de la tecnología de la información.

Con todos estos antecedentes, apostar por una transición ordenada hacia la electromovilidad se convierte en aspecto clave en los planes de recuperación económica post pandemia, en un momento en que el mundo necesita con urgencia estímulos para que la gente vuelva a trabajar, para una “nueva” normalidad, que se verá matizada por la innovación, la digilitación,  la economía circular y un desarrollo que será cada vez más verde.