Conforme al Acuerdo de París del año 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse drásticamente en las siguientes décadas a fin de evitar un cambio climático más agresivo, buscando mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2º Celsius respecto de los niveles preindustriales, y haciendo todos los esfuerzos para que ello se limite a 1,5º Celsius (Acuerdo de París, 2015, art. 2º).

En este contexto, el sector transporte tiene un rol clave en lograr alcanzar estas metas, considerando que un 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte (IPCC, 2018 y Declaración de París en Electromovilidad, 2015).

Considerando lo anterior, la electromovilidad podría, en principio, ofrecer una oportunidad única para reducir la huella de carbono que provoca el sector transporte ya que presenta ventajas relevantes respecto de los medios convencionales de transporte.

Luego, la pregunta a responder es si un vehículo eléctrico comparado a uno convencional es menos contaminante y, de ser ello afirmativo, qué medidas podemos tomar para reconocer y fomentar el desarrollo de la electromovilidad desde una perspectiva medioambiental.

Respecto del primer punto de análisis, existe reciente literatura que ha tratado la temática en relación a datos disponibles en la Unión Europea. Uno de los estudios más interesantes, señala que en términos comparativos un vehículo eléctrico es hasta 3 veces menos contaminante que un vehículo convencional. El “costo ambiental” es todavía menor si la generación de energía que alimenta la batería del vehículo proviene de fuentes renovables (teniendo variaciones según tecnología) (MESSAGIE – T&E, 2020).

Fuente: Transport & Environment – Abril 2020

En la gráfica anterior es posible apreciar que, considerando los impactos ambientales de la conducción, producción del vehículo y la batería que lo propulsa, los vehículos eléctricos son menos contaminantes que sus pares convencionales propulsados por combustibles fósiles. Las diferencias son más intensas dependiendo de qué tan renovable es la fuente de generación, sin embargo, aún en el caso de países que tienen una alta presencia de generación térmica convencional (como el caso de Polonia en la gráfica), las emisiones son inferiores.

Ahora bien, una de las críticas que suele surgir al analizar las ventajas de la electromovilidad en términos ambientales respecto de vehículos convencionales, es el costo ambiental que tiene la producción de las baterías que propulsan a los vehículos eléctricos.

En este sentido, si bien hay estudios que indican que esto puede neutralizar los efectos positivos de la electromovilidad, también indican que los vehículos eléctricos tienen la ventaja de poder compensar posteriormente las emisiones asociadas a su fabricación.

A modo de ejemplo, un estudio del año 2016 (Ager-Wick Ellingsen et al, 2016) que comparó 4 tipos distintos de vehículos (mini, mediano, grande y de lujo), concluyó que, si bien en un inicio existen pocas diferencias entre vehículos convencionales y eléctricos en términos ambientales, éstas se hacen mayores en tanto más kilometraje tengan los vehículos.

Fuente: Linda Ager-Wick Ellingsen et al 2016

En la gráfica, el área gris indica el impacto ambiental de un vehículo convencional, indicándose en cada letra el tipo de vehículo. Las líneas azules señalan el impacto ambiental de vehículos eléctricos, los que a partir de los 40 mil kilómetros aproximadamente, generan menores emisiones. Las barras azules indican la descomposición de las emisiones de un vehículo eléctrico según categoría (Producción – vehículo y batería -, uso y final de la vida útil).  

El cambio climático es una realidad que requiere acción inmediata y compromisos que permitan alcanzar las metas trazadas a nivel internacional.

El llamado a la acción que forma parte de la Agenda del Acuerdo de Paris de 2015 establece como meta que hacia el año 2030 un 35% de las ventas globales de vehículos deben ser de vehículos eléctricos, y, en términos generales, que la electrificación del sector alcance al menos un 20% del transporte por carretera a nivel global hacia el final de este década. Esto implica que hacia el año 2030 tengamos 100 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial (Declaración de París en Electromovilidad, 2015).

El sector público y privado han dado señales de que estas metas podrán ser logradas. Así, por ejemplo, el gobierno de Chile continúa una política expansiva de electromovilidad en el sector transporte público con una flota de casi 700 buses eléctricos para la red de transporte público de la capital, siendo la segunda flota más grande a nivel mundial.

Por su parte, los privados han anunciado compromisos en esa línea, como es el caso de algunas empresas de aplicaciones de transporte privado, como es el caso de Uber que ha anunciado una flota 100% eléctrica hacia el año 2040.

En Chile el marco jurídico tiene elementos que van en la dirección correcta, como es el caso del impuesto a las emisiones de fuentes móviles (art. 3º Ley 20.780). Lo mismo podemos predicar respecto del marco establecido por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley Nº 20.920), que reconoce a las baterías como productos prioritarios, respecto de los que surge responsabilidad extendida de sus productores, marco que puede utilizarse para fomentar el reciclaje de componentes utilizados en la producción, mantención y disposición de vehículos eléctricos.

Además, es de esperar que prontamente se apruebe en Chile una ley de eficiencia energética (actualmente en Tercer Trámite Constitucional en el H. Senado De Chile), la que tendrá una serie de impactos positivos en el sector.

En tal sentido, la iniciativa legal considera medidas que favorecen a los vehículos eléctricos, entre las que destacan incentivos a la importación de vehículos eléctricos por un reconocimiento mayor de estándar de eficiencia energética, reglas que aseguren la interoperabilidad de los sistemas de recarga, y la posibilidad de establecer vidas útiles diferenciadas de vehículos eléctricos para efectos tributarios.

Por otro lado, la iniciativa considera generar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, de cargo del Ministerio de Energía, el que debería considerar un análisis multifactorial de la eficiencia energética en transporte, con especial énfasis en las emisiones y los costos ambientales involucrados en la producción, mantención y tránsito de los vehículos siendo prudente reconocer las diferencias positivas que pueden tener los vehículos eléctricos.

En definitiva, tomar acción para mitigar los efectos del cambio climático es tarea de todos, donde el sector transporte juega un rol clave, especialmente por el potencial para reducir emisiones, así como también mitigar impactos ambientales. Generar regulaciones adecuadas, incluyendo aspectos técnicos y económicos, así como también regulación por incentivos que favorezcan el desarrollo de un mercado de vehículos eléctricos y normas de información que permitan a los consumidores tomar decisiones con mayor conocimiento de las ventajas medioambientales de la electromovilidad.

Para un futuro más sustentable, la electromovilidad es el camino por recorrer.