La competencia se entiende como la lucha entre los agentes del mercado por los clientes. Esa “lucha” por las decisiones de los potenciales demandantes de un determinado bien o servicio exige que esa competencia sea sana, y es precisamente por la necesidad de resguardarla que existen autoridades de competencia y políticas públicas orientadas a asegurar que esta legítima lucha se verifique de manera efectiva en cada mercado.

En el caso del mercado del transporte cabe preguntarse si los vehículos eléctricos compiten en igualdad de condiciones con sus pares convencionales. En una primera mirada, la respuesta parece ser afirmativa, ya que no existen ventajas especiales para los vehículos de combustión interna ni tampoco existen barreras que impidan el ingreso a la competencia de vehículos impulsados por tecnologías alternativas, como la electricidad. Sin embargo, una mirada más en detalle nos da a entender que dicha igualdad es aparente.

En efecto, los vehículos eléctricos no compiten en efectiva igualdad de condiciones con sus pares convencionales, principalmente por aspectos propios de este tipo de bienes, así como también por algunas deficiencias regulatorias o de política pública. En los primeros, destaca el mayor costo de estos vehículos en su fabricación, la menor autonomía, o la menor disponibilidad de modelos. En lo segundo, sobresale la falta de infraestructura pública que permita asegurar la carga y mantenimiento de flotas eléctricas, la carencia de marcos regulatorios que reconozcan expresamente el rol de la electromovilidad en la matriz eléctrica, entre otros.

Conscientes de ello, es que varios países, han desplegado desde hace más de una década una serie de políticas públicas orientadas a emparejar la cancha entre autos eléctricos y convencionales, teniendo como objetivo final el tránsito hacia una matriz de transporte más sustentable y alineada con los objetivos medioambientales trazados a nivel internacional y local.

El primer aspecto que emparejar es el precio. Los vehículos eléctricos son más caros y, al menos en el corto plazo, esa realidad seguirá siendo parte del paisaje. Por consiguiente, una de las políticas más extendidas ha sido el establecimiento de subsidios a la demanda (consumidores) o beneficios tributarios asociados a la compra de vehículos eléctricos. Esta política fiscal tiene efectos directos en el mercado, ya que hace más baratos los vehículos eléctricos y los acerca a sus pares convencionales, reduciendo la brecha de precio entre ambos productos. La evidencia muestra que en la pasada década esta política fue efectiva según se muestra en la siguiente figura:

Figura 1: Stock mundial de vehículos en los últimos 10 años.
En la categoría “Otros” se incluye: Australia, Brasil, Canadá, Chile, India, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Tailandia.
Fuente: IEA Global EV Outlook 2021

Pero claramente una política de subsidios no puede ser permanente, sino funge como medida transitoria, como un “puente” entre el mundo actual y un mercado futuro que se adapta y disminuye sus costos, haciéndose relativamente más competitivo frente a los competidores incumbentes (vehículos convencionales) a través de procesos de fabricación y distribución más costo-efectivos.

Es en este escenario donde entra el segundo “paquete” de políticas, orientadas a generar incentivos económicos a los actores del mercado para que muden su matriz de producción hacia la electromovilidad, así como también mecanismos que estructuren las reglas de funcionamiento del mercado que restrinjan el espacio a tecnologías contaminantes. Entre las primeras, se cuentan las normas de eficiencia ambiental que entregan señales económicas a los productores, haciendo más cara la manufactura de vehículos convencionales, internalizando los impactos ambientales en los costos de producción o de colocación de los vehículos en el mercado.

En las segundas, aparecen las metas que a cierta fecha prohíben la venta de vehículos convencionales o que la venta de nuevos vehículos sea 100% eléctrica. Ambas medidas son señales al mercado, en el primer caso, de precio, ya que aumentan el costo relativo de los convencionales que deben internalizar impactos ambientales vía mayores precios, y de estructura en el segundo caso, ya que señala las reglas de competencia de la “cancha” futura del mercado de automóviles donde solamente la electricidad será parte del juego.

Estas medidas permiten en el mediano plazo comenzar a “desarmar” el esquema de subsidios y beneficios tributarios, ya que, bien implementadas y acogidas por el mercado, permiten hacer relativamente más baratos y competitivos los vehículos eléctricos.

Pero no todo es dinero, también son importantes otros costos asociados al transporte y que importan al consumidor. Así se hace necesario que las políticas públicas reconozcan ventajas a los vehículos eléctricos en su tránsito por las calles. Valores diferenciados de los permisos de circulación, beneficios en estacionamientos públicos, peajes más baratos, acceso a vías exclusivas, entre otras medidas, pueden inclinar la balanza en favor de la electromovilidad. Estas políticas pueden ser coetáneas a la fase de subsidios, y tienen la ventaja (al menos en principio) de ser menos intensivas en recursos fiscales y más focalizadas en quienes efectivamente demandan vehículos.

Un país líder, que ha desplegado una seria de medidas regulatorias de impulso a la electromovilidad, pasando por subsidios, incentivos, prohibición de venta de vehículos convencionales hacia el 2025, entre otras, es Noruega, que al 2021 tiene una participación de mercado de vehículos eléctricos del 56% (en marzo 2021). En los últimos años el comportamiento ha sido alcista, con un aumento sostenido según se ve en la siguiente figura que registra los nuevos vehículos eléctricos:

Figura 2: Nuevos registros de vehículos de pasajes eléctricos en Noruego (excluyendo híbridos)
Fuente: Electrive.com

En definitiva, la electromovilidad es cada día más necesaria en el contexto del cambio climático y las metas ambientales acordadas a nivel global y que requieren implementación local. Los países deben aumentar la “ambición” y reforzar las acciones que permitan un desarrollo rápido y sólido de la electromovilidad.

En este contexto, es importante recordar que los vehículos eléctricos son 2 a 4 veces más eficientes que los convencionales, reducen la dependencia de combustibles fósiles, y además permiten aprovechar las capacidades energéticas del campo automotriz como un componente más de la matriz eléctrica.

Con todo, en el caso de Chile, la electromovilidad presenta una oportunidad importante de desarrollo para los mercados del Cobre, Litio, Cobalto y otros minerales involucrados en la fabricación de baterías que impulsan vehículos eléctricos, así como también en el potencial para dar mayor resiliencia y flexibilidad a un sistema eléctrico con mayor presencia renovable y potencia el desarrollo futuro del hidrógeno verde como fuente energética alternativa.

La electromovilidad es mejor y en la sana competencia ganan los mejores.