Rafael Velazco, exsuperintendente de Electricidad, explica que “las Edes” (Edesur, Edenorte y Edeeste), no tienen capacidad de otorgar medidores para aplicar la tarifa diferenciada en carga residencial para vehículos eléctricos. 

“El costo de los medidores inteligentes, para poder diferenciar el consumo de los vehículos, lo ponen las distribuidoras. Le echaron un problema porque ellas no pueden. Existen 500.000 usuarios sin medidor. Eso es histórico, no es culpa de la gestión de la Superintendencia de Electricidad”, aclara Velazco. 

Según el exfuncionario, el sistema tiene 2.780.000 usuarios, de los cuales 2.450.000 reciben factura mensual. Los otros están en situación de corte u otras situaciones. Sobre el total, se calcula que hay 480 mil clientes que no tienen medidor. 

Esto supone una falta de cerca de medio millón de medidores y una demanda que se sumará al sistema a partir de la implementación de las normas NOM 137 y 138: los usuarios con vehículos eléctricos. Para evitar un “cuello de botella”, Velasco afirma que sería conveniente que el costo de los medidores recaiga sobre el usuario. 

“El que pone un vehículo en su casa, en un país como el nuestro, puede comprar un medidor. Los clientes comerciales serán los perjudicados”, sostiene Velazco. 

En ese sentido, se indica que esa era la propuesta inicial para formular la tarifa diferenciada para carga residencial. La premisa indica que, de la manera en que está planteada la instalación de medidores, los clientes no accederían al mismo en varios meses. 

El problema se explica toda vez que al pasar los 11 kW de consumo, aumenta significativamente la tarifa. Se calcula que un vehículo eléctrico representa 7 kW, con lo que es mucho más probable pasar a una factura más cara. 

“Mi impresión es que Astacio (quizás sin querer) hizo que prime el punto de vista de proteger a las distribuidoras. No es el espíritu del regulador. Para el regulador no hay regulados favoritos”, sostiene el exsuperintendente. 

Por otra parte, el Estado compró el año pasado 189 mil medidores, la mayoría inteligentes. Ahora se está en tratativas de adquirir una orden de 400.000. 

“En teoría deberían tardar 12 meses en llegar todos con entregas intermedias con uno o dos furgones llenos de medidores. Pero en los hechos esto va a llevar dos años”, advierte Velazco. 

Por último, el exfuncionario indica que también hay otra cuestión que debe resolverse para la carga en vía pública. El ayuntamiento debería emitir ciertas regulaciones que, complementariamente a las dictadas por la SIE, habilitarían totalmente la instalación de electrolineras en las calles dominicanas.