Nuevamente, el Gobierno español debió prologar el plazo estipulado para presentarse a las convocatorias del Perte del vehículo eléctrico y conectado.

Luego de que el sector solicitará en reiteradas ocasiones que sé de más tiempo, los pedidos se hicieron realidad.

Es así que el principal factor que llevo a que se postergue la fecha de cierre, no una, sino dos veces, fue la complejidad del proceso de presentación de solicitudes de ayuda por parte de las agrupaciones participantes en la convocatoria de 2022.

Estas son  integradas por varias entidades y entrañan «un importante trabajo previo de negociación interna y de preparación de documentación y reparto de tareas«.

Esto se conoció luego de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, informó el pasado sábado que el tiempo “continuaba resultando insuficiente”.

Fue así que se optó por brindarles más tiempo a los interesados en los fondos destinados a fomentar la industria de los vehículos eléctricos y su cadena de valor en el país.

Riesgos a los que se presenta el Perte

Actualmente, existe una estimación dentro del sector y es que “probablemente se usará, con suerte, la mitad del dinero disponible”.

Así lo afirma Josep Nadal, Gerente del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, a Portal Movilidad España.

Recientemente, este medio informó que “hay dos criterios que cumplir y hacerlo no es tan sencillo”.

El representante del Clúster reconoció que las pretenciones son adecuadas, pero se estima que pocas empresas están en condiciones de cumplirlas.

Otra de las razones por las cuales no se alcanzaría a utilizar todo el presupuesto es “si las empresas tienen proyectos por los valores que se han presentado”.

“Las pymes en este momento vienen de una pandemia, subas de precio de energía y costes salariales altos, no tienen tanta disponibilidad para hacer inversiones y no será tan fácil completar el 70% que hay que cubrir”, explicó Nadal.

Modificaciones de la iniciativa

Tras la primera modificación de los plazos, el Boletín Oficial del Estado (BOE) informó también que se añadirían cambios en la corrección del régimen de garantías.

Es así que por medio de la misma se incorporó una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que estas no se encuentran en situación de crisis.

Asimismo, otro de los cambios se produce en el punto 16.5 en el apartado J de la orden de bases en cuanto a cómo calcular el beneficio a las pymes.

La normativa requiere para cada proyecto tractor que un mínimo del 30% de la ayuda total concedida deberá beneficiar a pymes. Según esta modificación, este beneficio a las pymes se calcula teniendo en cuenta otro factor.

Se tendrá en cuenta la ayuda que beneficie a pymes que no formen parte de la agrupación y sean contratadas por las grandes empresas que sí que forman parte.

Si ese 30% no estuviese cumplido, se realizará un reintegro por parte de la ayuda de las grandes empresas hasta que este porcentaje fuese cumplido con el total de la ayuda concedida de ese proyecto tractor.