Michelle Abreu Vargas, directora de Regulatorio de Infraestructura y Energía en OMG, entiende que para fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica en República Dominicana hay tres frentes a regular: tarifa accesible para los usuarios, hacer la gestión de importación de vehículos eléctricos más expedita y las estaciones de recarga

Además, el Estado tiene el desafío de dar mayores incentivos, tanto para los usuarios como para los que importan vehículos eléctricos y los interesados en el negocio de la infraestructura de carga.

La regulación de la tarifa también juega un papel importante dentro del nuevo marco regulatorio, ya que los usuarios deberán tener un mayor acceso a la red de carga, sin que tengan costos extras en sus facturas.

Según Abreu Vargas, el Gobierno debe asegurarse de agilizar los procesos de perimisología de los temas aduanales y de que las empresas con estaciones de carga puedan cumplir con la nueva regulación y puedan obtener los permisos sin obstáculos.

La importación de vehículos eléctricos es uno de los principales retos, por lo que la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo), ha solicitado a la Dirección General de Aduanas (DGA) que se cree una ventanilla única que agilice el proceso.

Muchos de los vehículos eléctricos vendidos durante la feria de auto de Ban Reservas fueron entregados varios días después, por la burocracia que existe en as aduanas para sacar un automóvil, por lo que sugieren reducir al mínimo el proceso de permisología por parte de la DGA.

En cuanto a la calidad del servicio, Abreu Vargas menciona: “El Estado debe cerciorarse de que el usuario tenga la calidad y que el sistema eléctrico no se vea afectado, ya que es un servicio fundamentar”.

Comercialización de la carga 

Sheyla Guerrero, arquitecta de la dirección de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), resalta que de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se tiene que establecer la definición de agentes autorizados para comercializar la carga de vehículos eléctricos.

Subraya: “Es necesario definir las tarifas para la carga, además de un reglamento de registro de estaciones y puntos de carga”.

Dentro de la línea de acción del plan, está el crear un comité técnico interministerial y una mesa público-privada de movilidad con energía alternativa.

En cuanto a la infraestructura de carga, Guerrero sostuvo que se deben generar informaciones estratégicas para los inversionistas y analizar los modelos de negocios para el desarrollo de infraestructura que cumplan con los estándares de eficiencia, compatibilidad e interoperabilidad.

“También se deben fijar cuotas de vehículos eléctricos en licitaciones de compras de flotas públicas o de uso público”, agrega.

“En el plan estratégico se espera que para el 2030 el 70% de las flotas del transporte público sea de vehículos eléctricos y en el caso de los vehículos privados, sea un 30%”, subraya.

Actualización de la ley

La modificación de la Ley 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional, es uno los desafíos regulatorios que aún enfrenta República Dominicana.

La ley actual no permite que el distribuidor pueda comercializar la energía eléctrica para la carga de los vehículos cobrando un cargo. Además, se requiere un reglamento para la prestación del servicio de carga para los vehículos eléctricos.

Durante su participación en el especial periodístico de Portal Movilidad, el diputado Hamlet Melo adelantó que se está trabajando en la modificación de esa ley.

Además, se mostró confiado en que con la reforma se eliminen todas las trabas que existen, para que movilidad eléctrica puede seguir con su desarrollo.

“En República Dominicana se debe evaluar la implementación de un programa integral para incentivos fiscales”, menciona.