Hace unos días el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibió el visto bueno por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible.

Celebrando las acciones desplegadas, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO, en contacto con Portal Movilidad España pone sobre la mesa la necesidad de que este hito permita avanzar sobre las políticas en materia de electromovilidad. 

“La futura Ley supone para el Gobierno una nueva oportunidad para recuperar la iniciativa y trabajar con el automóvil para poner en marcha las políticas públicas que eviten el actual estancamiento de la electrificación de la movilidad”, sostiene en este sentido la ejecutiva. 

Desde el punto de vista de la patronal es momento de que se generen cambios inmediatos, ya que gran parte del sector teme a que no se genere el impulso necesario.

¿El riesgo?

Para Blázquez se podría “volver a perder un año” en materia de movilidad eléctrica.

Este es un punto en el que gran parte de las patronales españolas relacionadas al sector de la automoción han coincidido.

FACONAUTO entiende en este punto que es momento de activar palancas para salvar la enorme carencia en infraestructura de recarga eléctrica de acceso público que hay en el país hoy en día. 

Según los últimos datos publicados España cuenta con al menos 15.772 hasta junio. 

Se dan avances hacia los objetivos de los cien mil cargadores públicos, pero todavía se encuentra lejos.

El Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) ha confirmado que actualmente la administración general del Estado tiene constancia de 42.000 solicitudes para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en el territorio nacional. 

Cuando puedan entrar en funcionamiento permitirán casi triplicar los alrededor de 16.000 que ya están operativos.

Mientras tanto, el sector se encuentra a la espera de la burocracia española.

Urge la Mesa de Automoción

Una realidad es que el mercado de eléctricos avanza, pero no a la velocidad a la que las administraciones han marcado y la que las patronales también quieren.

Un gran porcentaje de familias no pueden permitirse un vehículo eléctrico, los costes de adquisición continúan siendo altos y gran parte de la población apuesta por la adquisición de modelos antiguos que no cooperan con la descarbonización.

En este sentido Marta Blázquez remarca: “No podemos hacer una transición que no tenga en cuenta la realidad de la sociedad española y, sobre todo, nuestra renta per cápita”. 

En medio del momento complejo que vive el sector de la automoción y España en general, se requieren “acciones inmediatas y de calado”.

Así que a lo largo de este año se ha presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la solicitud de que convoque lo antes posible la Mesa de la Automoción.

“Este no está jugando el papel que debería; pensamos que en su seno se podrían dilucidar y poner las bases de los cambios urgentes y estructurales que requiere el sector y que no pueden esperar si no queremos perder competitividad no solo en nuestras fábricas, sino también en la distribución”, expresa en este punto vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO.

De igual modo, otras iniciativas, como la Mesa de Gobernanza para impulsar el despliegue de puntos de recarga sólo ha sido una “declaración de intenciones poco operativa y sin resultados”.

PERTE VEC ha “traicionado” el espíritu de las ayudas de reconstrucción

La emisión del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) no ha quedado por fuera del diálogo de este medio con Marta Blázquez.

Como se sabe todos los fondos de esta convocatoria han ido íntegramente a la producción, dejando de lado la parte de la distribución, “incomprensiblemente”.

Los concesionarios están jugando un papel muy importante en la expansión del vehículo eléctrico y es un empresariado que hubiera estado en disposición de llevar a cabo proyectos innovadores y generadoras de actividad y empleo, por cierto, en todo el territorio nacional, según entiende la patronal.

Es así que se considera que de alguna manera, se ha «traicionado” el espíritu de las ayudas de reconstrucción, que ponen su foco en que llegarán a las pymes. 

Por eso, en futuras convocatorias se espera que se tenga en cuenta a las redes de distribución. 

2022, un año perdido

Finalmente, el análisis de FACONAUTO de este año es realmente crítico. 

Desde su percepción nota que la apuesta que se está haciendo desde las Administraciones Públicas por la movilidad eléctrica, y que está secundando el sector con fuertes inversiones, no se está concretando en una afianzamiento de esta tecnología, ni en matriculaciones ni en instalación de puntos de recarga. 

“En ambos aspectos, podemos decir que 2022 ha sido, de alguna manera, un año perdido”, admite Blázquez.

En medio de una revolución industrial, las herramientas que se están brindando parecen no ser suficientes para avanzar con más rapidez.

Y a fin de cuentas, esto puede llegar a dar como resultado una España que pierde su oportunidad de liderar la transición hacia una movilidad más sostenible.