Transmilenio es la empresa que tiene a cargo el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. A mediados de año, lanzó dos procesos licitatorios correspondientes a la provisión y operación de 1295 buses. Es decir, los contratos de licitación esta vez fueron separados: por un lado la compra de buses y por otro la operabilidad. 

El proceso fue realizado de esta forma para reducir el riesgo financiero y poder tomar un mayor control  de los activos. Además, esta licitación tiene la particularidad de poner en juego todas las tecnologías en libre competencia: eléctricos, diésel y Gas Natural con estándar Euro VI.

Se pusieron en juego seis Unidades Funcionales para las cuales solo se presentó una propuesta acoplada con tecnología eléctrica, mientras que para el resto se debieron abrir dos procesos de selección abreviados.

Juan Sebastián Marmolejo, vicepresidente de Asuntos Legales de Sumatoria, en primera instancia, marca la importancia de “garantizar la continuidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la capacidad fiscal que tiene el propio Estado”.

Una de las problemáticas por las cuales la licitación quedó parcialmente desierta, en su opinión, se debe a la dificultad que plantea para los players el hecho que el Estado no sea el proveedor del espacio para el desarrollo de la prestación del servicio.

“Involucra un riesgo distinto cuando además de los buses se deben comprar tierras, construir y pensar en sistemas de carga. Reduce ampliamente el número de oferentes en la licitación de Bogotá”, indica.

No obstante, destaca que el modelo de contrato de licitación está correctamente ideado. 

Siguiendo con el análisis, Marmolejo explica que “las leyes de infraestructura fueron transpoladas al transporte, entonces, no es posible establecer incentivos para extender plazos de licitación por buena gestión porque no está contemplado”.

Asimismo, sugiere la eliminación del Concesionario de Provisión llamado Vehículo de Propósito Especial (PVS) ya que encarece los proyectos. 

En tanto, refiere: “La solución es garantizar los activos para la continuidad de los servicios y eliminar los Concesionarios de Provisión. El Estado debería poder comprar directamente la flota, reduciendo así costos”.

Detalles operativos

Los procesos licitatorios vigentes propugna por la llegada de operadores de otras partes del mundo. Sobre esta cláusula, el experto legal considera dejó entrever la necesidad de conocer el terreno, rutas y condiciones de operación del sistema de transporte locales.

La reflexión se dio en el marco del evento en vivo organizado por Latam Mobility “Videocafé: Reglas Claras y Finanzas Balanceadas en Sistemas de Transporte Público”.