Luego de que se presentara por segunda vez, se trabajara sobre más de 200 alegaciones y se consultara con las Administraciones pertinentes, se ha dado luz verde al proyecto de ley

Tras la realización de una nueva reunión del Consejo de Ministros se dio a conocer la noticia de la mano de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

“Esta ley pretende constituir el pilar normativo sobre el que se asienta la política que desarrollamos desde MITMA. Todo esto, para conseguir un modelo más limpio, saludable y que sea entendido como un derecho social que apuesta por un sistema de transporte digital e innovador”, reconoce Sánchez.

Con este hito para la gestión del Gobierno a cargo de Pedro Sánchez, se ha presentado una herramienta legislativa que espera poder aprobarse en las Cortes en 2023.

La tramitación de la misma podría iniciarse en lo que resta de este mes de diciembre o al inicio del próximo año. 

Cabe resaltar que entre los principales ejes que se han planteado a lo largo de las páginas de la iniciativa, se fomentará la movilidad a pie y consolida el impulso de las zonas de bajas emisiones

Frente a esto, la ministra recalca: “Esta es una ley necesaria ya que este sector representa uno de los más importantes de nuestro país. Implica más de 800 mil empleos, supone el 4,5 del PBI y además representa el 13% del gasto total de los hogares”. 

Según se ha establecido, se regularán soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo.

Se fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados. 

La compartición ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones de todos los actores del sistema.

En el marco de este anuncio se debe tener en cuenta que la normativa corre algunos riesgos, debido a que el 2023 será un año marcado por los procesos electorales que se estarán ejecutando en el país. 

Es claro que España tras el paso por las urnas se podría enfrentar  a un cambio de administración, por lo que los planes planteados por MITMA se verían considerablemente afectados y por consiguiente retrasados una vez más en función de dichos resultados. 

Es por ello que es clave que la normativa sea aprobada lo antes posible

Los pilares del anteproyecto

Cabe tener en cuenta que la ley se rige por medio de cuatro pilares fundamentales.

Todos ellos, permitirán ahorrar 8.000 millones de euros y aumentar en un 3,3% la productividad de las empresas en los próximos diez años.

Entre ellos se encuentra:

  • La movilidad considerada como un derecho social por primera vez. Se establecerá que esta deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas.
  • Planteamiento de un modelo limpio y saludable, teniendo en cuenta que este sector es el transporte es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Creación de un sistema digital e innovador, por medio del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores.
  • Invertir mejor al servicio de la ciudadanía, mejorando la calidad de las decisiones de inversión y gasto, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso. 

Reformas introducidas a la ley

Luego de que MITMA revisará más de 200 alegaciones presentadas por diferentes actores afectados por la nueva normativa, se han incorporado diversas modificaciones al texto presentado en la primera vuelta. 

Entre las principales medidas se ha garantizado la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. 

Además, se establece la obligación que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. 

Se introduce la obligación de que las empresas con más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad al trabajo.

Por otra parte, las empresas del sector deberán calcular su huella de carbono y comunicar a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.

También se promueve habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a niños y niñas ir al colegio de forma activa y autónoma.

Finalmente a nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.

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