En la tarde de este 8 de junio parecía correr riesgo de aprobación la propuesta para reducir en cinco años la limitación a los motores a combustión.

A pesar del pedido del Partido Popular Europeo (PPE) de suavizar el veto, la Eurocámara avanzó sobre el informe presentado por la Comisión de Medio Ambiente (ENVI), con 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones.

Mientras tanto, con 264 votos a favor, 328 en contra y 10 abstenciones, los eurodiputados rechazaron la enmienda que proponía instalar el pase del objetivo del 100% de reducción de emisiones al 90% para dicho ejercicio.

El escenario de la votación parecía estar asegurado. Todo vislumbraba la posibilidad de que la medida, que pretende cumplir con la meta de neutralidad climática en 2050, sea aprobada hasta que los conservadores y algunos liberales renovaron su apuesta por suavizar el objetivo.

Pese a las complicaciones en las negociaciones, el 2035 pudo avanzar en el Parlamento, permitiendo así allanar el camino a la propuesta que incluye un avance gradual con una meta intermedia de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.

Cabe recordar en este marco que ENVI votó a favor en mayo del nuevo marco temporal a 2035, no obstante no se aprobaron unos objetivos intermedios aún más ambiciosos en este campo.

En este caso tampoco hubo acuerdos claros. La propuesta de una reducción del 40% de las emisiones de los coches y del 35% de las furgonetas para 2027 fue rechazada.

Asimismo, mientras la de un 70% de reducción para turismos y del 65% para furgonetas para 2030 resultó en empate, por lo cual, ninguna de las dos medidas llegaron al pleno.

¿Cómo continua el trabajo parlamentario?

En este contexto es importante destacar que este no es el paso final de la normativa europea. El proceso parlamentario continuará con un extenso proceso de toma de decisiones.

Primero, el proyecto fue presentado el año pasado en la Comisión por parte de Ursula von der Leyen, esto pasó al trabajo de los eurodiputados, quienes tras largas discusiones entre todos los grupos, fijaron parte de su posición.

Ahora queda el turno de los Gobiernos nacionales, a través de sus ministros en el Consejo, donde se iniciarán  los trílogos, unas extensas negociaciones en las que tradicionalmente la Eurocámara empuja hacia estándares más exigentes (laborales, medioambientales, en derechos).

Por el contrario, las capitales suelen pujar hacia objetivos menos ambiciosos o llevan una posición contraria. Luego, tras llegarse a un acuerdo, se sella la normativa con la emisión de la ley. Por lo cual todavía queda un camino de algunos meses por delante.

La solicitud del PP

El veto a la enmienda del Partido Popular y la extrema derecha llego de la mano de una serie de acusaciones entre los frentes. 

El Grupo Socialistas y Demócratas, junto a la Izquierda y los Verdes votaron en contra para frenar el texto presentado y con ello acusaron al PP de “traicionar” los acuerdos que se había dado dentro de las comisiones parlamentarias.

Puntualmente, la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, apuntó al cierre de las votaciones: “Cuando la Unión Europea más necesita apostar por liberarse de las energías fósiles y asegurar su autonomía energética, el PP europeo negocia con la extrema derecha para rebajar las ambiciones. ¿Y esperaban nuestro apoyo? Seamos coherentes, por favor”.

Cuando la UE más necesita apostar por liberarse de las energías fósiles y asegurar su autonomía energética, el PP europeo negocia con la extrema derecha para rebajar las ambiciones.

¿Y esperaban nuestro apoyo? Seamos coherentes, por favor. pic.twitter.com/bHXr3ZPCw1

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) June 8, 2022

Por el contrario, ayer la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, advirtió en el debate del pleno que si se exigen a los empresarios, autónomos, trabajadores y familias medidas que no puedan asumir, «la lucha contra el cambio climático fracasará y nuestra economía perderá competitividad y se deslocalizará».

La voz de los eurodiputados españoles

En lo que respecta a los representantes españoles en el parlamento puede destacarse las declaraciones de la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, quien se ha mostrado satisfecha.

En declaraciones a medios internacionales, reconoció que se ha conseguido que no se impongan objetivos intermedios más duros que «podrían haber asfixiado a la industria española».

A su vez, reconoció que la ley debe ir unida al Reglamento de Infraestructura de Carga (AFIR), en el que están trabajando para asegurar de que haya «objetivos ambiciosos que obliguen a cada Estado miembro a instalar suficientes puntos de recarga públicos».

«Desde el comienzo de las negociaciones he tenido claro que teníamos que apostar por la sostenibilidad, pero no a cualquier precio. El resultado es muy equilibrado porque permitirá llegar a un transporte sin emisiones sin sacrificar empleos”, agregó.

No solo ello, sino que sentenció: “Esperemos que España haga realidad de una vez el Perte de la automoción para ponernos a la altura de Europa en la fabricación de vehículos y baterías».

🚨 APROBADO el Reglamento de reducción de emisiones para coches

✅La industria del automóvil se centrará 100% en el eléctrico en 2035
✅Rechazamos hitos intermedios irreales
✅Revisión del progreso en 2027

Clave: el despliegue obligatorio de puntos de carga en Estados miembro pic.twitter.com/Rs22R7XLux

— Susana Solís (@susanasolisp) June 8, 2022

¿Cómo afectará todo esto a España?

Con propuestas ambiciosas y el objetivo de reducir cinco años los plazos ya estipulados para el 2040, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) ya ha puesto fecha fin a este tipo de segmentos.

Es así que acelerando la apuesta por la descarbonización quedarán tareas pendientes para algunos de los países miembros de la Unión Europea, quienes deberán modificar sus regulaciones y adherirse a los plazos estipulados.

Tal es así el caso de España con su nueva Ley de Cambio Climático. El pasado mayo del 2021 entro en vigor la normativa que disponía un plazo para los motores contaminantes a 2040.

Meses después, en la COP26, 30 países y seis fabricantes pusieron en marcha una nueva meta a 2035, a la cual el Gobierno español, a cargo de Pedro Sánchez, no adhirió.

Esto se debió a que decidieron no apresurarse y esperar a que la comunidad europea disponga sus propios objetivos, para luego modificar los propios. Finalmente, hoy, está por llegar ese momento.

Así es, tal como se estipula en las obligaciones de los países miembros, todos los reglamentos y decisiones adquieren automáticamente carácter vinculante en toda la UE a partir de su fecha de entrada en vigor.

De la misma manera sucede con las directivas, las cuales deben ser incorporadas a la legislación nacional.

Una vez aprobada la decisión en el plenario del Parlamento Europeo, el Gobierno local tendrá un plazo estimado de dos años para transponer sus regulaciones a lo estipulado por el conjunto de países miembros.