Bien es sabido que los diferentes actores no se pueden permitir que los pocos usuarios de vehículos eléctricos que hay en la región no tengan la posibilidad de acceder a su cargador más cercano por inconvenientes en el tipo de cargador, medio de pago o incompatibilidad del protocolo de comunicación.

La normativa debe establecer patrones a seguir a la hora de proveer el servicio de carga, aunque la regulación de la interoperabilidad no debe convertirse en una barrera para el ingreso de nuevos actores. Por tal motivo, debe haber un balance óptimo para que el mercado de la movilidad eléctrica vaya haciendo acuerdos sectoriales.

Durante el encuentro “Interoperabilidad y perspectivas de los sistemas de recarga en América Latina” organizado por MOVE se analizó la situación de la región.

Como referente de Chile estuvo Ignacio Rivas, jefe de Proyectos de Infraestructura de Carga de la Agencia de Sostenibilidad Energética. La bandera de Colombia la llevó Lised Chaves, asesora de la oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía.

En tanto, por Uruguay, disertó Virginia Echinope, gerente del Área de Energía Eléctrica en la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Chile

La gobernanza aborda el tema a nivel nacional y lo hace teniendo presente las necesidades del usuario y también tiende a plantear regulaciones tecnológicas para sentar las bases.

El país andino comenzó con el “Pliego 15”, vigente desde marzo de 2021, que exige tipos de conectores públicos y un protocolo de comunicación OCPP 1.6.

Se piensa en una regulación gradual debido a que depende de la evolución tecnológica, los estándares y normativas internacionales y también los potenciales acuerdos y coordinación con la industria.

Lo que resalta es que el pliego exige, pero no limita. Con esto busca que los nuevos actores se adapten a las normativas, pero da lugar a que quienes ya lo hayan hecho puedan acomodarse a los cambios del sector.

A su vez, existe un reglamento de interoperabilidad en fase de concepción liderado por el Ministerio de Energía, que tiene como fin elaborar normativas que serán presentadas ante la comunidad para comprobar a futuro su aceptación o no y sus beneficios y desventajas.

Este les exigirá a los proveedores de carga que hagan públicos sus precios, puntos de carga, sus medios de cobro y también la disponibilidad de los cargadores en tiempo real.

Toda esta información estará disponible a través de una aplicación llamada “Ecocarga”.

Por último, se están analizando las posibilidades de abordar la interoperabilidad a través de actores privados, con la consecuente regulación de tarifas, y a su vez, el objetivo será alcanzar niveles regionales, vinculándose con otros países latinoamericanos.

Colombia

En Colombia la principal atención está puesta en electrificar la economía de su país, aprovechando las posibilidades que ofrece su matriz energética limpia.

Para esto realiza una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando tener un reglamento inicial de Normas Técnicas Colombianas (NTC), que analizan las especificaciones técnicas, requisitos de seguridad e interoperabilidad.

Con esto se intenta lograr que los fabricantes y los instaladores de cargadores para vehículos eléctricos tengan una guía de cómo operar dentro del mercado, queriendo así también adoptar las normas internacionales al contexto local.

A su vez, el Ministerio de Minas y Energía está en busca de consultorías externas en pos de definir cuáles son los requerimientos de las condiciones técnicas de interoperabilidad que Colombia precisa además de protocolos de comunicación de una infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Uruguay

Considerando que solo existe un distribuidor eléctrico en todo el país, esto en parte condiciona las discusiones en torno a la movilidad eléctrica.

Hoy la infraestructura pública está a cargo de UTE compuesta por carga semirrápida y rápida. Con 75 puntos en CA de 22 kw y 43 kw. con conectores tipo 2. En CC por el momento solo hay uno de 50 kw con CCS2 y CHADEMO. El protocolo de comunicación es el OCPP 1.6.

El objetivo del Gobierno nacional es tener a disposición un cargador cada 50 kilómetros y en un plazo de dos años instalar 150 más en CA y 12 en CC.

Al igual que en los casos anteriores, se trabaja en una normativa para priorizar las consideraciones de seguridad y accesibilidad a la energía eléctrica para la carga de vehículos eléctricos.

Asimismo, se analiza cuál es el punto exacto que se debe regular para encontrar ese equilibrio necesario para el desarrollo de la movilidad eléctrica y no condicionar en disponibilidad de modelos y buenas experiencias para el usuario.