La presencia de un sector público activo ha sido determinante en los casos exitosos latinoamericanos durante sus respectivas transiciones hacia las cero emisiones. 

Este fue el caso de Chile, por ejemplo, país que destaca por sus avances en la electromovilidad. En el desarrollo de la industria, el ámbito público jugó un papel preponderante como garante. 

“Es muy importante que haya una colaboración del Estado y que haya una desconcentración de las responsabilidades sobre el operador”, señala Andrés Barentín, presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC)

El modelo que implementa el país chileno divide tareas y reparte responsabilidades entre cada actor del proceso. 

A su vez, el Estado puede hacerse cargo de los contratos, ante algún imprevisto, y funcionar como garante de deberes hasta que se encuentre el componente faltante del sistema. 

“Al involucrarse, el sector público le da más confianza al privado y sobre todo a la banca. Recordemos que son proyectos muy exigentes desde el punto de vista de financiamiento”, advierte Barentín durante la presentación de la estrategia nacional de electromovilidad de Perú.

Siguiendo esta línea, para Diana Rivero Soto, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), también es necesaria una presencia sólida del Estado pero, esta vez, facilitando incentivos económicos. 

“Los necesitamos para que el precio del vehículo varíe y las personas puedan optar por el transporte cero emisiones”, indica Rivero Soto, que asegura que esto se trata de una inversión dado que “el transporte eléctrico genera empleo y riqueza”. 

Por su parte, Esteban Albornoz, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Eléctrica y Sostenible, resalta que es menester que el ámbito público apunte hacia nuevas normas.

«Pese a todos los incentivos y normativas que tenemos en Ecuador, la electromovilidad se encuentra ante barreras financieras, técnicas, regulatorias, operativas, de conocimiento e infraestructura», afirma Albornoz.

Y agrega: «Es urgente trabajar en una regulación de infraestructura de carga y en normativas técnicas para los vehículos eléctricos».

Por su parte, en el evento Mariano Jimena, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), hizo foco en la necesidad de invertir en una producción local que genere mano de obra especializada y en la tarea que deben desempeñar las asociaciones para el desarrollo de la electromovilidad. 

“Hay que arrancar ahora con la movilidad para poder educar, formar el personal que va a trabajar en la industria y poder tener industria”, explica Jimena.

Luego, añade: “Es responsabilidad nuestra entender cómo llegarle al usuario final porque ese va a ser el que va a demandar el vehículo eléctrico para tener una mejor calidad de vida”.