Un nuevo Real Decreto establece los derechos y las obligaciones de los operadores de los puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios. Además, pretende dinamizar el camino hacia el objetivo de los 100 mil cargadores hacia 2023.

Esta nueva normativa limita el rol de los agentes creando dos figuras jurídicas hasta el momento conocidas pero no establecidas legalmente.

Por un lado, se agrupa al Operador del Punto de Recarga (CPO), titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física.

La segunda figura es la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica (EMSP), un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos clientes.

Juan José Figueruelo Hernández, director de Desarrollo de negocios de Circontrol, conversa sobre las expectativas de este Real Decreto con Portal Movilidad España.

“Esta cifra de aquí al 2023 creo que es muy ambiciosa, pero es necesaria”, comenta y añade que “si al final se acaba con 80 mil puntos de recarga estaría francamente bien” pues se trataría de multiplicar por seis el número actual (2021 cerró con 13.000 puntos de recarga cuando la previsión era de 28.000).

Este nuevo Real Decreto supone dinamizar el camino, no hacia 2023 solamente, sino también de cara al 2030 para alcanzar los 340 mil cargadores y cinco millones de vehículos eléctricos circulando en el país.

Pero el contexto actual muestra que cumplir la meta de los puntos de recarga sería difícil. En el 2021 se logró un crecimiento de 8,9 puntos, alcanzando 27,5 puntos sobre 100.

Desde el punto de vista de Figueruelo se podrán cumplir las expectativas para el 2030; dado que el crecimiento de las estaciones de recarga es lineal, al contrario que el de los coches eléctricos que es “exponencial”.

“Hay muchos coches eléctricos pero faltan puntos de recarga”, afirma.

En este contexto, la implementación de los puntos de carga en las grandes urbes avanza, pero sigue faltando más infraestructura pública. Cabe destacar que la funcionalidad de los ya existentes se encuentra asegurada.

De igual manera sucede que los usuarios no pueden fiarse de todos los operadores porque no todas las estaciones de recarga están en perfectas condiciones. “Sufren de vandalismo o están en zonas aisladas”, comenta el ejecutivo de Circontrol.

Este nuevo Real Decreto ayudaría a la implementación de más cargadores de índole pública, colocándose también en gasolineras. De suceder, los usuarios tendrán una mayor visibilidad de los puntos de recarga y les será más accesible tener un coche eléctrico dada la facilidad de hallar una estación de recarga.

Mapa de cargadores

Este nuevo Real Decreto trae consigo la implementación de un mapa oficial de puntos de recarga.

Los operarios deberán transmitir la información del lugar y del estado de la estación de recarga, esta última deberá ser actualizada a medida que avance el tiempo o sufra algún daño el aparato.

Esto surgiría para facilitarle el acceso a los usuarios dado que hoy en día existen aplicaciones móviles que muestran mapas de cargadores pero no están todos concentrados en una.

“Lo que no tenemos ahora es la seguridad de que cuando lleguemos esté ocupado o fuera de servicio y no indica por qué”, refiere Figueruelo.

El nuevo mapa oficial de puntos de recarga indicará la localización, características y precio de la recarga, entre otros datos, y que estará disponible a través del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).