El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con más de 50 proyecto en 15 países relacionados a movilidad eléctrica. Estos incluyen definiciones de políticas, modelos de negocios, incorporación de buses, establecimiento de marco regulador y habilitador para la infraestructura de carga y definición de incentivos fiscales para alcanzar la paridad de costos.

En ese sentido, Marcelino Madrigal, especialista en desarrollo regulatorio para la transformación de los sectores eléctricos en América Latina del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene: “La movilidad eléctrica necesita todavía mucho apoyo del sector público”.

“Si no se hubiesen estructurado políticas y planes de transición de flotas en los operadores más grandes del continente junto al marco habilitador para la infraestructura de carga no estarían los 2400 buses eléctricos circulando”, indica.

Asimismo, asegura durante la Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) que se puede hacer un paralelo entre la situación de la movilidad eléctrica hoy en día y hace 10 años en materia de energías renovables.

¿Cuál es el aporte que tiene que hacer el Estado?

Según Madrigal, desde la política energética reconocer la movilidad como una herramienta para mejorar la eficiencia energética poniendo en valor la nueva tecnología, establecer metas sobre todo en el transporte público y un marco habilitador de los modelos de negocios que han sido fundamentales en el despliegue de los buses en Colombia, Chile y México.

Por lo tanto, refiere: “Son estructuras que habilitan las inversiones a largo plazo para que nuevos actores ingresen en al negocio de la movilidad eléctrica encontrando los instrumentos. En este caso los acuerdos públicos-privados licitados de manera competitiva para atraer financiamiento para las nuevas tecnologías con mayor o menor complejidad dependiendo la situación institucional y cómo regula su capacidad de generar ingresos”.

En otras palabras, el modelo regulatorio del transporte es fundamental. Respecto al marco habilitador para infraestructura de carga, el año pasado fue un año donde se observó mucho avance en ese sentido.

Uno de los aspectos es aclarar la definición del servicio de carga, si es regulado o no y en qué condiciones. Esto habilita a desarrollar el ecosistema de las redes de carga tanto para los buses eléctricos, aunque según el BID allí hay que establecer un marco específico, y para la movilidad individual considerando tanto los centros urbanos como las grandes carreteras intermunicipales.

Por otro lado, “los Gobiernos deben mostrar con el ejemplo” que es un aspecto que todavía “debe acelerarse más” con la incorporación de vehículos eléctricos a las flotas institucionales. En ese sentido destaca la labor realizada en Barbados y Costa Rica.