Mientras el país está en vilo por la decisión que tomará el Congreso sobre la Ley de Electromovilidad, de gran recibimiento por el sector, algunas empresas destacan que la normativa aún necesita aclarar ciertas cuestiones que serán clave, en especial, al momento de la carga. 

“Es una ley que tiene buenas intenciones, pero desde nuestro punto de vista posee dos falencias importantes”, advierte Lucía Capello, CMO de Vulletic, durante el Especial Movilidad Eléctrica en Latinoamérica y el Caribe organizado por Portal Movilidad. 

Por un lado, destaca la importancia de esclarecer qué sucederá con la estandarización de los conectores que se utilizarán dentro del territorio, punto que no está definido aún en la regulación. 

“Imagínense la frustración de llegar a un punto y no poder concretar la carga porque el cargador no es compatible con nuestro vehículo”, señala Capello.

En segundo lugar, afirma que será clave fijar de qué manera se realizará el cobro del redireccionamiento de la energía eléctrica. 

Ambos puntos de debate no son sorpresa en la región, siendo algunos de los más polémicos al momento de discutir nuevos marcos regulatorios. 

Uruguay, por ejemplo, en la actualidad se encuentra trabajando en la normalización de los cargadores, considerando el esfuerzo particular que realizan sus autoridades por expandir las estaciones de carga de la mano de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). 

En Colombia, por su parte, el año pasado el Gobierno a través de la Resolución N°40223 estandarizó conectores para vehículos eléctricos y autorizó el cobro por la recarga. Se optó por el Tipo 1 bajo la norma SAE J1772.

República Dominicana se encuentra en el mismo proceso. De hecho, según anunciaron las autoridades de la Superintendencia de Energía, el próximo mes el país presentará sus nuevas disposiciones. 

“Igualmente, la Ley de Electromovilidad está un poco fría, sería bueno para el sector que se pueda dar un avance y llegar a buen puerto”, indica Capello.

Luego, concluye: “Es importante regular bien cómo se van a hacer estas cosas para empezar a regular el juego de la movilidad eléctrica en el país”.  

Cabe recordar que en febrero el Gobierno formalizó la convocatoria para las sesiones extraordinarias del Congreso. 

El decreto incluye 18 proyectos que el Ejecutivo propondrá para su tratamiento, entre los cuales dos están directamente relacionados con la movilidad del país: la Ley de Electromovilidad y la Ley de la Industria Automotriz.

El proyecto incluye beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo, tanto para la oferta como para la demanda.

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