Es así que en el caso particular de España, se ha decidido ejecutar planes según la cantidad de unidades, que van desde los €130.000 hasta los €180.000.

Dichas cuantías ponen en alerta a la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS).

En palabras de su director, Jaime Rodríguez, las mismas “no logran cubrir las diferencias de costes que requiere la incorporación de buses eléctricos”.

Por lo cual, pone sobre la mesa la comparación con el modelo portugués.

“La adquisición ronda entre los €500.000 y €600.000, por lo que la ayuda que se da no es muy alta, sobre todo si comparamos con países como Portugal, donde nos están dando unos €270.000”, detalla en este sentido.

Es así, que durante su paso por el evento virtual “Movilidad Eléctrica en España”, organizado por Grupo Portal Movilidad, denota el hecho de que de esta manera se hacen más competitivas las propuestas.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno del país vecino publicó una línea de ayudas para la adquisición de vehículos limpios para el transporte colectivo de pasajeros a través de un procedimiento de licitación pública.

La dotación destinada a esta Convocatoria, a fondo perdido, es de €48.000.000,00, que por beneficiario tiene un máximo de €12.000.000,00.

El importe topé de cofinanciación a destinar por unidad a adquirir no podrá exceder los, €270.000, en el caso de un eléctrico y  €470.000, para uno propulsado por hidrógeno.

Las mismas buscan no solo financiar las compra de autobuses, sino que también apuestan a la instalación de estaciones de servicio de hidrógeno y estaciones de carga de energía eléctrica.

Todo esto para el uso de los vehículos a adquirir, mediante el procedimiento de licitación competitiva, basado en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Según detallaron, podrán ser beneficiarios los Municipios, Áreas Metropolitanas y operadores de transporte público que presten servicio público municipal de transporte de pasajeros y/o servicio público de transporte interurbano de viajeros.

Teniendo en cuenta esto, Jaime Rodríguez también resalta la importancia de los procesos licitatorios, los cuales no solo deben “priorizar factores como el precio”.

“Ya tenemos una obligación legal, ya no son planes de empresas, sino que debemos responder para así evitar que llegue una sanción de Bruselas. Por ello, tenemos que hacer que las empresas vean alguna ventaja en los contratos”, plantea.

De esta manera, pide que se tengan en cuenta diferentes “handicaps”, como lo son: la autonomía de los buses, las baterías y su durabilidad, los tiempos de repostajes y los sobrecostes que los mismos conllevan. 

A lo que agrega: “Deben añadirse cuestiones medioambientales, sociales y mejores plazos de tiempo”.