La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados organizó un parlamento abierto para debatir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en diciembre por el Senado de la República, con el objetivo de intercambiar opiniones antes de ser debatida en el Pleno. 

Considerando que uno de los principios que promueve es una movilidad sustentable y amigable con el medio ambiente, muchos de los presentes aprovecharon para destacar la necesidad de promover un transporte público limpio y eficiente en el país, abriendo la puerta a que tecnologías, como la electromovilidad, comiencen a tomar fuerza.  

Uno de ellos fue Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la Asociación de Autoridades de la Movilidad, quien enfatizó en la relevancia de fortalecer los mecanismos de financiamiento de este segmento, así como robustecer mecanismos e incentivos para una movilidad de bajas emisiones.

Esta intervención no es sorpresa si se considera el protagonismo que el Estado de Jalisco le brindó, por ejemplo, a la electromovilidad en su plan de transporte urbano inédito en México, con su primera ruta de buses eléctricos. 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) insistió con poner fin a la regulación que facilita el ingreso de los “autos chocolate”, medida que va en detrimento al cuidado del medio ambiente, los ciudadanos y atrasa un parque vehicular que no fomenta nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos. 

“No se trata de que haya más vehículos en nuestras calles y avenidas, sino de renovar el parque vehicular con mejores vehículos respetuosos con el medio ambiente”, aseguró Érika Ruiz Sotelo, coordinadora en AMDA. 

También fue criticado el modelo hombre-camión que impera hoy en el sistema mexicano, cuya informalidad no permite avanzar hacia una modernización de las unidades vehiculares de mayor tamaño como buses y camiones.  

De hecho, el 88% del transporte público en México funciona bajo este modelo. 

“Es una gran oportunidad que en la discusión de este marco normativo de movilidad se puedan sentar las bases para mejorar la prestación del servicio público de transporte”, indicó Álvaro Lomelí Covarrubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En ese sentido, agrupaciones como la Asociación Mexicana de Transportistas (AMTM) trabajan hace tiempo en esta problemática, en busca de un modelo que permita mayor sostenibilidad y avanzar hacia una transición cero emisiones.

¿Cómo sigue la Ley en el plano legislativo?

Pasará a manos de la Cámara de Diputados, donde se esperará su aprobación, y luego se presupuestarán recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF).