El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible fue presentado ante el Consejo de Ministros para su toma en consideración de primera lectura. Fue anunciado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez en rueda de prensa este martes 1 de marzo.

Tras varios retrasos para su presentación, ocurrió finalmente y va camino a su aprobación. “Es el resultado de un largo y provechoso proceso de consultas en la que han participado distintas administraciones, sectores profesionales, organizaciones económicas y académicas y la ciudadanía en general”, explica Sánchez Jiménez.

El anteproyecto abordará como principal objetivo la promoción de la sustentabilidad en el trasporte y la movilidad, también suma la digitalización e innovación del sector.

La normativa supone un cambio radical en la política porque, como menciona la ministra, “se reconoce a la movilidad como un derecho por primera vez”. Lo que garantizará que los ciudadanos accedan de forma igualitaria a las oportunidades de transporte.

Desde el Ministerio se pone en la mira a las grandes concentraciones urbanas pero por otro lado la necesidad de las áreas rurales y pequeñas ciudades.

La ley aborda desafíos desde lo económico, social, medioambiental y también en la salud pública debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera el sector del trasporte que representan un 30% del total.

La futura norma con la que el Gobierno pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de reducción de GEI y emisiones contaminantes en el transporte, obliga a las empresas con 500 o más empleados a elaborar planes de movilidad sostenible.

Lo que se destaca de la futura ley, es la creación del Sistema Nacional de Movilidad que contará con dos órganos de coordinación: la Conferencia Territorial de Movilidad y Trasporte y el Consejo Superior de Movilidad y Transporte Sostenible. Estos funcionarán en colaboración con las distintas administraciones que confluyen y tienen competencia en transporte.

Otro de los puntos es la elaboración de un documento de orientaciones para la movilidad sustentable que brindará directrices para mejoras en las prácticas del transporte sustentable. Además, se pondrá en marcha el Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad. Dará un marco de referencia a 10 años vista de las políticas estatales.

“La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación, pero es una cuestión compleja y el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición ‘sine qua non’ para definir ese modelo”, recalca la ministra.

Una vez entrada que la ley entre en vigencia, en el plazo de un año se va a reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa. “Permitirá un mejor servicio al ciudadano previendo, además, determinados tráficos en cofinanciación de las Comunidades Autónomas”, define Sánchez Jiménez.

Inversión estatal

El Estado tendrá un rol de contribuyente por medio del Fondo Estatal para la Movilidad Urbana, que crea esta nueva normativa. Será gestionado por el MITMA, comenzando a ser aplicado por primera vez en 2023.

Los recursos estarán constituidos por las cantidades que anualmente se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, así como por otros ingresos provenientes de impuestos u otros tributos. La dotación anual del fondo se destinará a atender el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley.

Habrá un espacio de prueba  a cargo de un Comité de Expertos para definir la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos que se presenten. “Va a posicionar a España como país de vanguardia y potencial receptor de inversores”, expresa con miras a futuro la ministra.

Las medidas contempladas buscan reducir las ineficiencias del gasto de inversiones públicas estimado en torno ocho mil millones de euros e incrementar la productividad de las empresas hasta un 3,3% en un período de 10 años.

Transporte de mercancías

Dentro del marco normativo que presenta la futura ley pone como obligación de las administraciones garantizar la eficacia del transporte de mercancías y continuidad en condiciones que minimicen los impactos negativos sobre el medio ambiente.

Busca hacerlo tanto en lo referido a la logística de distribución como a la cadena de suministro y la provisión de productos básicos a la ciudadanía.

A través de los mecanismos establecidos en el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, las administraciones públicas colaborarán para facilitar la implantación progresiva y coordinada de una red de nodos logísticos jerarquizados, intermodales y digitalizados que permitan una mejora de la eficiencia de las cadenas logísticas.

Se incluirá la elaboración y actualización de un catálogo de nodos logísticos intermodales, incluyendo los servicios que se prestan en los mismos. Este catálogo deberá recoger, al menos, los nodos logísticos de importancia estratégica y los nodos logísticos de interés autonómico que se hayan declarado.

Navegación marítima

La ministra Sánchez Jiménez dio precisiones sobre Real Decreto enviado también que se refiere a la mejora de los operadores marítimos y portuarios.

“Debemos avanzar en la sostenibilidad marítima y del medio ambiente”, resalta. El foco se pondrá en el control de la contaminación atmosférica de los buques y la descarbonilación progresiva de transporte marino.

Además, esta regulación permitirá realizar aportes en la seguridad jurídica de los puertos frente a las nuevos retos como la ciberseguridad.

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