El miércoles se aprobó en primer debate la Ley 9518 de Incentivos al Transporte Verde, que reforma el capítulo tres de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Ahora se espera por la segunda vuelta de debate. 

A través de ésta, en principio, se modifica el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los vehículos eléctricos. 

En ese sentido, se establece una exoneración gradual del IVA independiente del valor del carro eléctrico. Bajo la reforma, el impuesto será de un 1% en el 2023 y crecerá un punto porcentual por año, hasta alcanzar el 13% en el 2035. 

Además, se modifica el impuesto sobre el valor aduanero y selectivo de consumo. 

Se tendrá un esquema de exención gradual de este arancel que cambiará cada tres años, comenzando en el 2022 con una exoneración del 100%. 

También, el proyecto renueva las exoneraciones establecidas en la ley actual al impuesto sobre la propiedad, que se paga en el marchamo. 

De esta, el usuario quedará exento en el primer año de vigencia de la reforma. Luego, se exonera un 80%, 60%, 40% y 20% en los próximos cuatro años, hasta que en el sexto se pagará como es habitual. 

Además, establece que las empresas de producción y ensamblaje de vehículos eléctricos quedarán exoneradas del IVA por diez años, siempre y cuando el valor agregado nacional sea por lo menos del 20%. 

Por último, según el documento, en el momento en que la primera planta de ensamblaje de vehículos eléctricos se instale en el país, la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía realizará el registro de manera que pueda acceder a beneficios indicados por la normativa. 

Las modificaciones se plantean debido a que la Ley actual establece un periodo de vigencia de 60 meses de exoneraciones, de los cuales ya han transcurrido 50, estando lejos de alcanzar la carbono neutralidad en la flotilla vehicular.

La iniciativa, que modifica los artículos 8, 9, 10 y 12, es encabezada por la diputada Paola Valladares y el diputado Roberto Thompson Chacón. 

En su cuenta de Facebook, Valladares celebró la decisión.

“En un momento donde el país atraviesa una de las alzas más altas en los precios de los combustibles, estos incentivos buscan estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico en Costa Rica de una forma más efectiva, permitiendo la descarbonización de la economía y la transición de la matriz energética sostenible”, sostuvo Valladares. 

Por su parte, en su cuenta de Twitter, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) también festejó lo sucedido.

“Asomove celebra la aprobación en primer debate del proyecto que permitirá mantener los incentivos económicos a los vehículos eléctricos para que más personas tengan acceso a las tecnologías cero emisiones”, afirmaron las autoridades.